El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Gicar), ha abogado este jueves por "indultar" el hotel de El Algarrobico, después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que confirma que las instalaciones invaden parcialmente la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

Hernández ha afirmado que el Gobierno local (Gicar-PP) "respeta escrupulosamente la sentencia, como no puede ser de otra manera", pero ha defendido que "sería una atrocidad derribar un edificio ya terminado en el que se ha realizado una inversión multimillonaria", y que podría generar "empleo y riqueza".

El hotel construido en la playa de El Algarrobico. CARLOS BARBA | EFE

"Sentido común"

El alcalde ha sostenido que la sentencia del Supremo no afecta a la parte principal del inmueble, sino a las zonas ocupadas por piscinas y otros equipamientos, que son las que invaden la zona de servidumbre, por lo que a su juicio las administraciones implicadas podrían actuar con "sentido común" y "dentro del ordenamiento judicial darle forma y plantear la posibilidad de indultarlo".

Hernández ha asegurado que en España ha habido otros casos en los que las "cosas que no eran del todo legales han sido indultadas", una cuestión que a su juicio debería ser estudiada por Junta de Andalucía y el Gobierno central, desde el respeto a las decisiones judiciales.

El alcalde carbonero ha argumentado que, de no dar viabilidad al hotel, la "seguridad jurídica en España y en Andalucía quedaría en entredicho", y ha considerado que "con la que está cayendo en España de ruina económica y con la situación tan difícil que están padeciendo los andaluces, para la ciudadanía y el sentido común sería una barbaridad que se pudiese derribar" o impedir su apertura.

El informe sobre el derribo

Greenpeace, por su parte,  reclama el desmantelamiento inmediato del hotel. Cuatro meses después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, encargaran a la empresa Tragsa un informe para la demolición, tratamiento de residuos y restauración ambiental de la zona afectada por el hotel, nada se sabe de este estudio, según la organización ecologista, que considera que el coste del desmantelamiento sería de unos 7,3 millones de euros y que generaría cerca de 400 puestos de trabajo.

Greenpeace ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en junio, calificó de "triquiñuela" clasificar el Algarrobico como suelo urbanizable y anuló el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008. La organización ecologista ha podido conocer, como parte demandante, que la Junta de Andalucía no va a recurrir contra ese pronunciamiento judicial.