La decisión de la Generalitat de facilitar, a partir del próximo curso, datos familiares de los alumnos que se preinscriban en un centro escolar si existe la sospecha de que el proceso ha sido fraudulento tiene divididas a las federaciones de padres de alumnos catalanas. Por una parte, la Asociación por la Transparencia en la Preinscripción Escolar (ATPE) ha aplaudido la aprobación de la nueva norma por parte de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, mientras que la mayoritaria Fapac ha insistido en que debe ser la misma Administración la que ejerza las funciones de control contra el fraude.

Unos niños entran en una escuela de Badalona, en una imagen de archivo. DANNY CAMINAL

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"Que el proceso de preinscripción se haga con todas las garantías es una competencia de la Generalitat, no de los padres", ha afirmado Àlex Castillo, presidente de la Fapac. "¿Qué busca con esto la Admnistración?¿Que hagamos de espías de nuestros vecinos como en la antigua Alemania del Este?", ha lamentado Castillo en declaraciones a este diario.

La ATPE, en cambio, ha celebrado en un comunicado el nuevo protocolo contra el fraude reiterado en el empadronamiento de algunos alumnos. "Los tramposos deben saber que existen medios para denunciarlos", afirma la entidad. La ATPE argumenta que la Administración debe fomentar todas las herramientas de prevención posibles "para evitar que quienes incumplen normas se salgan con la suya". La asociación lamenta, sin embargo, la oposición que ha suscitado la normativa en plataformas educativas.