Varios colectivos sanitarios apuntan que limitar la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares a urgencias supondrá mayor colapso de estos servicios, más riesgo de infecciones y contagio de enfermedades, y será más caro que permitir su acceso a una atención integral en el sistema público. Los médicos de familia creen que estos pacientes acudirán a ellos con enfermedades en estado más avanzado y por tanto grave, requerirán tratamientos más caros e irán más veces «Aumentará la conflictividad», vaticina Tomás Toranzo, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.

Un padre y una madre, con su hijo en un CAP, ayer. ALBERT BERTRAN

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Información publicada en la página 25 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 31 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El Ministerio de Sanidad espera que la medida genere un ahorro anual de 500 millones de euros. Pero este cálculo no detalla el coste que generan los inmigrantes irregulares en la sanidad pública. Si se toma como referencia el gasto por habitante, 1.600 euros, y se multiplica por los 153.469 simpapeles, el resultado es menos de la mitad, 245 millones de euros. Además diversos estudios aseguran que la población inmigrante, más joven que la nacida en España y en general con buena salud, usa poco la sanidad pública y que el gasto generado por los extracomunitarios significa solo el 0,8% del total.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de extranjeros residentes en España es de 5.711.040. De ellos, 5.251.094 cuentan con permiso de residencia en vigor, por lo que los que residen irregularmente suman 459.946. La mayoría de ellos, 306.477 personas, proceden de países de la UE. El resto, 153.469, han nacido fuera de la UE y no tienen permiso de residencia, por lo que se encuentran en situación irregular y se verían afectados por las restricciones sanitarias al no cumplir los requisitos para ser asegurados.