Alumnos de un taller de formación profesional, en Gavà. JOSEP GARCIA

Después de pagar la factura de septiembre de la renta mínima de inserción (RMI) a los 23.353 titulares que en ese momento percibían la prestación, el Gobierno catalán ha consumido ya 98,5 millones de euros en este apartado durante el 2012, y ha agotado, prácticamente, el presupuesto que previó en enero para la prestación, 100 millones de euros. Le queda un millón y medio de euros que a la vista de la nómina mensual registrada desde enero en el antiguo Pirmi, de unos 11 millones, son migajas. El Govern tendrá que añadir dinero (hasta los cerca de 120 millones) porque no se han cumplido las intenciones expresadas en enero por el conseller de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, que anunció que la Administración invertiría en fomentar la ocupación laboral de los titulares de la RMI y aligeraría así su coste económico.

Esa intención venía a servir de explicación por la realidad de que fijar el presupuesto en 100 millones (en el 2011 se gastaron 170 millones en la renta mínima) obligaba a dejar fuera a 6.000 de los 24.000 titulares que había en enero. La idea era que los 6.000 encontraran trabajo. Pero como ilustra el gráfico adjunto, no fue posible. La cifra se ha mantenido inamovible, creciendo de 24.311 a 24.451 entre enero y agosto. Quiere revisar antes de fin de año 9.000 expedientes, algunos de octubre del 2011.

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