Familiares de niños robados en España durante la dictadura y hasta los primeros años de la democracia española han acudido por primera vez a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir que intervenga "a la mayor brevedad posible", ante el incumplimiento por parte del Estado español del "deber" de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos y poner fin así a su "sufrimiento".

La denuncia ha sido registrada este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, por el 'Colectivo Sin Identidad', que reúne a decenas de afectados en Canarias.  Las víctimas denuncian que el Estado español ha descargado el impulso de las investigaciones sobre los hombros de las propias familias, "como si se tratase de una obligación privada de éstas", y exigen una "investigación oficial efectiva e independiente", tal y como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo determinó en el 'caso Kelly' que las autoridades "no pueden dejar esta cuestión a iniciativa de los parientes".

A su juicio, la actividad del Estado en materia de desapariciones infantiles debería seguir el modelo asentado en el panorama internacional a raíz del ejemplo reivindicativo de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina. Invocan así a una regulación legal por la que se constituya una Comisión Nacional de Desaparecidos y un Banco Nacional de Datos Genéticos, además de la creación de unidades especializadas de Policía Judicial.

Las víctimas instan a los miembros de Naciones Unidas a "tomar cartas en el asunto" con el afán de que ayude a aliviar el sufrimiento de los miles de afectados, algunos de avanzada edad cuyo "único anhelo" es poder reunirse con los hijos que buscan. "La situación es profundamente dramática", advierten en su escrito.