tragedia en sant joan

Los afectados por el atropello masivo del apeadero de Castelldefels reclaman por daños

Tras agotar la vía penal, una docena de familias reclaman una indemnización a Adif y RENFE

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GEMMA TRAMULLAS / CASTELLDEFELS

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Sin recursos y sin apoyo, las familias de las víctimas del atropello masivo del 23 de junio de 2010 en la estación de tren de Castelldefels-Platja continúan su lucha para demostrar la responsabilidad de Renfe y Adif en el accidente, que causó 12 muertos y 17 heridos. La causa penal, que se prolongó durante cinco años, se archivó en octubre de 2014 y los afectados han iniciado ahora una reclamación de responsabilidad patrimonial contra ambas empresas públicas. Sus abogados han presentado 12 expedientes, 11 por víctimas mortales y uno por una mujer que resultó gravemente herida al ser empujada a la vía.

Este tipo de reclamaciones tiene por objetivo indemnizar a los ciudadanos que hayan sufrido alguna lesión a causa del mal funcionamiento de un servicio público. En este caso, los afectados argumentan que el caos generado por la aglomeración de personas que iban a celebrar la verbena en la playa y la falta de vigilancia habrían inducido a un numeroso grupo de pasajeros a cruzar las vías, al no advertir que había un paso subterráneo al final del andén. Un tren que en ese momento pasó por la estación a 139 kilómetros por hora les embistió.

Las indemnizaciones previstas en estos casos van desde varios miles de euros hasta un máximo de 150.000, dependiendo del grado de parentesco con los fallecidos y de la gravedad de las lesiones de los heridos, así como del grado de responsabilidad que asuma la administración, si lo asume. Adif ya ha respondido que, a causa del enorme volumen de reclamaciones que tienen que gestionar, no podrá resolver los expedientes hasta dentro de un año. Si la resolución es negativa, los afectados llevarán el caso al tribunal contencioso-administrativo.

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“No nos cansaremos de luchar –afirma Heidi Ayala, portavoz de las familias afectadas y madre de uno de los fallecidos--. La juez de lo penal no pudo atribuir ningún delito a ningún funcionario y eso me crea una enorme impotencia. ¿Cómo puede ser que no haya ningún culpable de tantas muertes y de tantas personas que quedaron discapacitadas físicamente y traumatizadas psicológicamente? Si seguimos adelante es para que esto nunca le vuelva a pasar a nadie”. 

De las víctimas mortales, la mayoría jóvenes, 11 eran de origen latinoamericano y una rumana. Entre los heridos había también jóvenes catalanes, que han decidido no seguir adelante con la reclamación. Su representante legal (distinto al de las familias latinas) les advirtió de que, dado lo poco que podían ganar, aún saldrían perdiendo dinero. “Después de cinco años de lucha, ha quedado como si mi hijo se hubiera querido tirar a la vía”, lamenta el padre de uno de estos jóvenes.

DAVID CONTRA GOLIAT

La letrada Núria López, que junto a su colega Libry Ahumada representa a los 12 afectados que siguen adelante con el proceso, admite que se trata de “una batalla de David contra Goliat”. A su favor juega el hecho de que la juez de lo penal escribió en su auto de archivo que, aunque la conducta de los pasajeros fue “imprudente”, la actuación de Renfe y Adif  “puede constituir un reproche desde un punto de vista civil o administrativo ante la falta de previsión por la aglomeración que se generó”.

“¿No hablamos tanto de cambiar la sociedad y hacer un país nuevo y más justo? –reflexiona López--. Pues hay que empezar a exigir que la administración ampare a sus administrados. Alguien debería empezar a admitir que allí no había la seguridad necesaria. Nadie tenía que haber sufrido esos terribles daños, tampoco el conductor del tren que atropelló a las víctimas y que debe sufrir unas secuelas terribles. ¿A quién puede pedirle responsabilidades este señor?”.

Tanto las abogadas que representan a las familias, como el médico forense y la procuradora de Madrid trabajan de forma voluntaria, “por solidaridad” con unos ciudadanos con muy pocos recursos que perdieron a sus parejas, hijos o hermanos y se sienten ninguneados por la administración y criminalizados por incívicos. Adif y Renfe ya expresaron a este diario que no harían declaraciones sobre el caso.