Activistas de ONGs denuncian torturas a presos salafistas en Marruecos

Activistas de derechos humanos marroquíes denunciaron hoy que los presos de tendencia salafista sufren torturas en la cárceles del país, y pidieron la apertura de una investigación sobre estos supuestos actos.

En una conferencia de prensa celebrada en la sede de la asociación Liga Marroquí de Derechos Humanos (LMDH) en Rabat, los asistentes lamentaron "la persistencia" de actos de tortura en las cárceles marroquíes, a pesar de que el país magrebí haya ratificado tratados internacionales de lucha contra tortura.

"Vemos que hay un dualismo entre el comportamiento y la conducta de Marruecos", afirmó el activista Mohamed Haqiqi, presidente de la asociación Liga Universal de Derechos y Libertades, quien sostuvo que el país ha registrado un avance en materia de ratificación de convenios de lucha contra la tortura que difiere en la práctica.

Haqiqi añadió que los presos islamistas son sometidos a una serie de medidas en las cárceles marroquíes que "atentan contra sus derechos", y llamó a las autoridades a adoptar un "enfoque reconciliador" con esos presos no implicados en actos delictivos, así como revisar la legislación antiterrorista.

Por su parte, el abogado y activista Jalil Idrissi denunció que estas supuestas torturas ocurren con "el conocimiento" de las administraciones penitencias que "en lugar de sancionar a las personas implicadas las ascienden". Idrissi criticó que una decena de denuncias de supuesta tortura de presos islamistas no fueron investigadas por las autoridades marroquíes, y propuso que las ONGs establezcan una lista con el nombre de las personas torturadas en las cárceles y otra destinada a los funcionarios implicados en estos actos.

Además, lamentó que Marruecos no disponga de una visión global para luchar contra el extremismo, y puso como ejemplo la ausencia de predicadores religiosos dentro de las administraciones penitenciarias. Los presos salafistas, que se cifran en cerca de 800, organizan a menudo huelgas de hambre para denunciar sus condiciones carcelarias o su exclusión de los indultos masivos.