ACS renuncia a explotar el almacén de gas Castor

La constructora ACS ha decidido renunciar a la concesión de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, según anunció el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por ello, la compañía ha iniciado el proceso para obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos que emitió para financiar el proyecto.

Escal, sociedad participada en un 67% por el grupo ACS, cuyo principal accionista es Florentino Pérez, y en un 33% por la firma CLP, se adjudicó en 2008 la construcción y explotación del almacén Castor.

En la actualidad, el proyecto esta paralizado con el fin de determinar si es origen de los seísmos que se han registrado en la zona próxima de las costas de Castellón y Tarragona donde se ha construido.

Escal, participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, ha anunciado su decisión de renunciar a la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, cuyo futuro está a la espera de que el Ministerio de Industria analice los informes presentados tras los seísmos registrados. En julio del pasado año la compañía emitió 1.400 millones de euros en bonos para financiar el almacenamiento, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón).

ACS entendía que la concesionaria del proyecto Escal UGS tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento, durante los 25 años, a contar desde su otorgamiento, con derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual, señala en su informe financiero anual.

Inicialmente, el almacén estaba presupuestado en cerca de 700 millones, un importe que se ha incrementado considerablemente.

Recientemente, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró que la recopilación de la información necesaria para garantizar la seguridad del almacén subterráneo de gas Castor "llevará años" y añadió que el objetivo es determinar "qué va a pasar" si se vuelve a poner en marcha el almacén, cuya actividad se suspendió en septiembre del pasado año, tras los seísmos registrados.

Los informes conocidos hasta ahora relacionan la inyección de gas en el almacén, ubicado frente a las costas de Castellón, con los seísmos, pero no determinan qué pasará si este vuelve a funcionar, una cuestión que se remite a expertos independientes.

Nadal evitó referirse al importe de una posible indemnización en caso de que se cierre definitivamente la instalación y ha señalado que, en todo caso, se determinaría en la reversión de la concesión.

A diciembre de 2013, ACS recogía la participación en el almacén de gas subterráneo Castor, del 66,67 %, como activo mantenido para la venta. Esta participación está contabilizada en 228,48 millones de euros (164,2 millones de euros en 2012). Este importe incluye el préstamo participativo de 235,5 millones de euros concedido por ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.

El importe del aval de construcción concedido por esta sociedad a Escal UGS asciende a 59 millones de euros. De acuerdo con el protocolo, Enagás se comprometía a comprar el 50% de la participación de ACS (el 33,3%) una vez que se pusiese en funcionamiento comercial la planta y se inicie la explotación y acceso a la remuneración del sistema, señalaba ACS en su informe financiero anual.

El acuerdo contemplaba la posibilidad de que Enagás pueda entrar en el accionariado con anterioridad a la inclusión de las instalaciones en el sistema.

A comienzos de 2012, el Grupo ACS, una vez que la actividad de construcción del almacén alcanzó un grado de avance sustancial, inició la negociación con potenciales inversores para vender la totalidad de su participación y culminar por tanto su salida definitiva del proyecto una vez puesto en marcha.

Durante el ejercicio 2013, la sociedad canceló la financiación del proyecto y colocó el "project bond" del proyecto emitido con la garantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 1.400 millones de euros.