El abordaje municipal del 'top manta' abre una brecha en BCN

A estas alturas del conflicto estival del top manta, nadie pone en cuestión que la ofensiva policial se queda coja como única estrategia para frenar la venta ambulante. Pero mientras ayer la alcaldesa Ada Colau insistía en el enfoque «social» y el abordaje integral, los sindicatos policiales alertaban sobre la paradoja del verano: «No puede ser que sea la Guardia Urbana la que tenga que salir corriendo». Acusaban al Ayuntamiento de Barcelona de una estrategia «equivocada» y «confusa» que, sumada al dramático incidente de Salou, ha generado una mayor «agresividad entre los vendedores» y con ella nuevos incidentes en las últimas horas con agentes de paisano. Tanto la oposición municipal como el comercio apoyaron más garantías a la protección de la policía local y estos últimos urgieron a frenar el repunte de dicha actividad ilegal.

Por la mañana, el comisionado de Seguridad del ayuntamiento, Amadeu Recasens, negó que haya mayor permisividad municipal con el fenómeno mantero, que lleva a más de 350 inmigrantes a ganarse la vida vendiendo copias de artículos de marca en Barcelona. Pero después de que en pocos días siete agentes (cinco el viernes y dos el domingo) hayan sufrido lesiones leves en enfrentamientos con vendedores, anunció un refuerzo en la seguridad de los agentes en cuanto se reúna con sus mandos, pese a insitir en la búsqueda de soluciones transversales para el problema migratorio. Agregó que la Guardia Urbana «adopta el trabajo y dispositivos de forma preventiva a las circunstancias, que son cambiantes».

Relajamiento

Una prevención en tela de juicio, ya que fuentes del sindicato policial Sapol destacaron que aunque no se les ha pedido que bajen la guardia con el top manta, sí que el «enfoque más social que policial» por parte del ayuntamiento, ha producido cierto «relajamiento» en el tipo de intervención. Sus mandos les indican que estén en los puntos de venta para disuadirla, pero evitando «disturbios» o carreras que puedan generar incidencias. La contrapartida es que este mensaje ha hecho que los vendedores se sientan «más fuertes» este verano, y que la desgracia de Salou les haya inyectado «mayor agresividad», apuntan.

Según las mismas fuentes, la noche del domingo y ayer varios agentes más de paisano tuvieron que marcharse de la zonas céntricas que cubrían al ser detectados e increpados por grupos de vendedores. Por eso reivindican refuerzos (con equipamiento de protección y más efectivos), y que el consistorio no hable de ellos «como uno de los bandos. Somos la policía». Desde CC.OO creen que esa venta estaba casi erradicada en el 2014 en la ciudad pero repunta por el discurso contradictorio y «confuso» del ayuntamiento. «Ellos se sienten ahora más protegidos por el ayuntamiento», enfatizan.

En medio de la pugna, el comercio se solidariza con el apoyo a la inmigración, para la que pide políticas integradoras, pero insiste en combatir la venta en la vía pública. Vicenç Gasca, de la Fundació Barcelona Comerç de ejes de barrio, asume que «sea o no un bulo hubo un efecto llamada» y ahora hay que «resolver» la situación, sobre todo combatiendo el origen: los puntos de distribución y mayoristas de determinados productos. En Barcelona Oberta, que aglutina a los ejes más céntricos y turísticos, Gabriel Jené cree que con el «pretexto social no se puede interferir de manera tan fuerte en el sector comercial». Los asociados opinan que aunque haya Urbana, los vendedores han «interpretado» una mayor permisividad por los «mensajes equivocados» de Colau y se ha derivado en una «impunidad inusual».

Utopía

En una de la zonas más afectadas, Barnacentre, su presidente Javier Cottet cree que la venta clandestina se ha multiplicado por la política municipal. Defiende otras ayudas al colectivo, o que se legalice su actividad y pasen a pagar cánones y emitir facturas, pero es rotundo contra «la ilegalidad en la vía pública», delante de quienes sí pagan impuestos y cumplen normas sanitarias y de todo tipo. Para Cottet el mensaje «utópico y poco realista» de la alcaldesa ha acabado agravando el conflicto.

El empresario define ese discurso de «buenista», como el portavoz de ERC en el ayuntamiento, Jordi Coronas, para quien el resultado ha sido que «se ha desautorizado» a la Guardia Urbana. Reclama revisar los protocolos y dotar de más herramientas a la policía local, igual que reivindican el PP y Ciutadans. Y el convergente Joaquim Forn lamenta que la policía local tenga dudas sobre a quién defenderá su alcaldesa en caso de enfrentamientos. «No pueden hacer bien su trabajo», remata. Jaume Collboni (PSC) pide soporte a la Guardia Urbana contra la ilegalidad, a la vez que tienen la mano a los senegaleses como víctimas sociales.