EL DERECHO A LA SALUD

74.000 tarjetas en Catalunya

La Generalitat da acceso a todo el sistema sanitario a quienes llevan más de tres meses empadronados

M. V. / MADRID

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La Conselleria de Salut contempla con cierta distancia la propuesta que el ministerio pondrá hoy sobre la mesa. Sus responsables creen que está «desfasada» y apuestan, como la mayoría de las autonomías, por la vuelta a la sanidad universal de antes del decreto del año 2012. «El borrador que nos han enviado establece un periodo de empadronamiento de un año para los inmigrantes sin recursos, pero eso es lo que nosotros fijamos hace tres años. Recientemente, el pasado julio, lo hemos bajado a tres meses y así vamos a seguir», explica Francesc Brosa, subdirector del Servei Català de Salut. Brosa será el representante del Govern que participará en la reunión de la conferencia sectorial que analizará la propuesta del ministerio.

El responsable de la conselleria cree que el sistema puesto en marcha por la Generalitat ha funcionado razonablemente bien. En la actualidad hay en vigor unas 74.000 tarjetas concedidas al colectivo de inmigrantes irregulares, aunque en algún momento llegaron a rondar las 100.000. «La cifra ahora está bastante estabilizada pero baja en función de si el inmigrante encuentra trabajo o si obtiene permiso o sube si llegan nuevos», según Brossa.

Los únicos excluidos del sistema son los simpapeles con menos de tres meses de residencia. El límite se fija para evitar tener que atender a las personas que están tan solo en tránsito. Con todo, este colectivo más reducido, además de la atención en urgencias, tiene derecho a acceder a otros programas, como los de control de infecciones, vacunaciones seguimiento de embarazos.

EL CASO DE ALPHA PAM

Con estas medidas se ha evitado que en Catalunya se den casos como el de Alpha Pam, un joven senegalés de 28 años que en abril del 2013 falleció en Palma de Mallorca de tuberculosis al ver denegada de modo reiterado su asistencia en un centro hospitalario porque carecía de tarjeta sanitaria. El centro se negó hasta en tres ocasiones a realizar pruebas diagnósticas a Alpha Pam e incluso se le advirtió de que, por su condición de inmigrante, tenía que pagar la visita. En una de las ocasiones, los médicos se limitaron a darle ibuprofeno tras rechazar realizarle pruebas. Tras este caso, no es de extrañar que Baleares hay sido una de las primeras autonomías en dar marcha atrás a la supresión de la asistencia y una de las que más insiste en volver al modelo anterior.

DERECHO FUNDAMENTAL

Las oenegés Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y SOS Racisme también han unido sus voces para una reclamación similar. Afirman que la atención médica es «un derecho fundamental» que no le puede ser negado a nadie «bajo ninguna condición». «La exclusión sanitaria de miles de personas, además de ser una medida regresiva y discriminatoria que va en contra del derecho humano a la salud, conlleva graves riesgos para la salud pública y un efecto económico negativo», advirtió recientemente Médicos del Mundo.