APLICACIÓN CON RETRASO DE UNA NORMATIVA

60.000 dependientes moderados entran en el sistema en Catalunya

TONI SUST / BARCELONA

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Aunque más tarde de lo esperado y a falta de ver con qué cobertura, a partir de hoy ingresarán en el sistema de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad) cerca de 60.000 catalanes. En concreto, 58.864, ya diagnosticados. Se trata de dependientes moderados, grado 1 de dependencia. En toda España, la cifra es de 312.000 personas. Ingresan ahora en el sistema porque el Gobierno de Mariano Rajoy decidió retrasar su entrada ante la falta de recursos económicos.

Benestar Social i Família anunció ayer que destinará inicialmente 18 millones de euros a la atención de estos dependientes. Los trabajadores sociales, que son los que deberán prestar la atención en el terreno, todavía no conocen en detalle cuáles serán las prestaciones. Lo explica Alberto Caballero, trabajador social y miembro del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya. «Sabíamos que entraban ahora pero todavía no conocemos los mecanismos de trabajo. No nos han comunicado qué derechos tendrá esta gente. No digo que no esté previsto, pero aún no lo sabemos».

SERVICIOS SOCIALES SATURADOS

Su lectura es «positiva» por la incorporación de dependientes al sistema, lo que supone su atención y su reconocimiento, pero también observa riesgos, sobre todo, a cuenta de la falta de recursos públicos: «No hay que olvidar que esta atención deberá prestarse con unos servicios sociales que están saturados de trabajo».

Benestar precisó la cartera de servicios a disposición de los dependientes moderados: centros de atención diurna para ancianos y para discapacitados, servicio de atención domiciliaria, prestación económica para cuidador no profesional y viviendas para personas con enfermedades mentales y con discapacidad.

La Generalitat subraya que asume el 80% del coste de la aplicación de la ley y denuncia de nuevo el incumplimiento del Estado, que, dice la Administración catalana, debería aportar el 50%. Y el Estado, en forma de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, suele apostillar que la ley obliga a las comunidades autónomas a igualar la inversión estatal, pero no a la inversa. Un regalo envenenado de la norma.

El Observatorio de la Dependencia sigue poniendo en duda la cobertura del sistema. Su director, José Manuel Ramírez, sostiene, por ejemplo, que en Catalunya los dependientes moderados que entrarán en el sistema no son 58.864 sino 67.911. En el sector privado, un aviso vinculado con la calidad de la atención: la patronal de residencias ACRA pidió ayer que los 18 millones de euros de Benestar vayan únicametne a servicios y profesionales «debidamente acreditados por la Generalitat».