300.000 maltratadores condenados en 10 años

La siniestra sucesión de <strong>asesinatos machistas</strong>, 48 en lo que llevamos de año, 671 desde el 2005, no es más que la punta del iceberg del maltrato en España. Por debajo de estas tragedias más visibles, se esconde un drama de enormes dimensiones a la que el observatorio del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) ha puesto cifras este martes en su balance de diez años de aplicación de la ley integral contra la violencia de género que ha coincidido con la víspera del día internacional por la eliminación de esta lacra. Desde el 2005, las víctimas han presentado más de un millón y medio de denuncias de las que se han derivado unas 250.000 órdenes de protección y 289.000 condenas para otros tantos maltratadores, el 96% de ellos varones.

Si ponemos el foco donde menos se suele poner, en los agresores, el retrato puede ser demoledor: algo más de 1 de cada 100 hombres han sido condenados por violencia machista en España solo la última década, mientras que casi el mismo porcentaje ha sido absuelto por falta de pruebas y otras circunstancias.  

Para Ángeles Carmona, la presidenta del  Observatorio contra la Violencia de Género, las cifras ponen de manifiesto que “la respuesta judicial en estos diez años ha sido muy importante”. “La creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, unida a la formación y especialización de jueces y tribunales, ha supuesto una mejora indudable para poder afrontar con garantías de éxito la erradicación de la violencia machista”, recuerda.

LEGISLATURA PERDIDA

El paso adelante que significó la ley es innegable, pero 10 años después hay consenso en considerar que hace falta mucho más para que el fenómeno empiece a retroceder de verdad. La sucesión de crímenes sigue poniendo en primer plano la cuestión, mientras que la inacción del Gobierno en los últimos cuatro años se ha ganado la crítica unánime tanto de los colectivos feministas como de los partidos de la oposición, los nuevos y los viejos.

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Para Amnistía Internacional (AI), los datos revelan un gran fallo del sistema: el bajo porcentaje de las denuncias que acaban en sentencia condenatoria. De las 62.300 denuncias presentadas durante el primer semestre en los juzgados de violencia contra la mujer, el 39,8% se han archivado sin llegar a juicio y solo en un 11,7% de los casos ha habido una sentencia condenatoria.

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, destaca que según las encuestas solo entre el 10% y el 15% de las víctimas llegan a dar el paso de denunciar. Un dato muy revelador es que solo 9 de las 48 asesinadas en lo que va de año habían presentado denuncia.

Ambos colectivos coinciden en el diagnóstico, aunque Pérez del Campo es quien lo resume con más contundencia: “La última legislatura ha sido catastrófica para las mujeres”. Y no solo porque el Gobierno haya convertido el tema en una de sus últimas prioridades y reducido en más de un 20% la dotación presupuestaria. La partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las comunidades autónomas se ha reducido aún mucho más, en un 50%, según Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional España, para quien las ayudas a las víctimas "son mínimas, incluso para la atención psicológica a la que deberían acceder todas las víctimas de cualquier tipo de violencia”.

UNA DE CADA TRES SON EXTRANJERAS

El propio informe del CGPJ da algunas pistas sobre dónde habría que poner el acento. Un 33% de las 365.868 órdenes de protección que tramitaron los juzgados de violencia sobre la mujer en los diez años transcurridos desde la aprobación de la ley integral fueron solicitadas por mujeres extranjeras. El 32% de los denunciados también eran extranjeros. Este colectivo es asimismo el que ostenta un porcentaje más alto de denuncias retiradas y de renuncias a seguir con el procedimiento. Entre las víctimas mortales se mantiene una proporción parecida: 17 extranjeras frente a 31 españolas en lo que va de año.

La proporción cada vez más baja de órdenes de protección concedidas, un fenómeno que afecta especialmente a Catalunya, es otro talón de Aquiles ya destacado en anteriores ocasiones. La media de los últimos diez años es alta, un 67%, pero en el primer trimestre del 2015 se situaba ya en el 56% y en Catalunya en el 34%. Esta diferencia con el resto de España se debe en parte a que los Mossos d’Esquadra no entregaban a los juzgados una valoración propia del riesgo de las víctimas en contraste con lo que hacían la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tras las protestas de los jueces, la Conselleria d'Interior se comprometió a llevarlas a cabo.