Justicia sepultada

Los cuatro funcionarios que quedan en el Juzgado de lo Penal número 1 de Reus (Baix Camp) están al borde de un ataque de nervios. Las montañas de expedientes no paran de crecer hacia el techo de la sala que ocupan en la segunda planta de los juzgados en la avenida de Marià Fortuny. Dos carteles colgados junto a la puerta advierten de la gravedad de la situación:Este Juzgado suspende la atención al público por falta de personal.«Se te cae la cara de vergüenza por no poder atender a la gente»,admite la secretaria judicial Olga Rucio, responsable de la medida.

La precaria situación de la administración de justicia está haciendo estragos en partidos judiciales como el de Reus. Ayer eran cuatro los funcionarios que estaban trabajando en el Penal 1, al margen de la secretaria judicial y de la jueza. Tres bajas de larga duración que no se han cubierto y la liberación de un enlace sindical desde principios de año han dejado este juzgado con la mitad de la plantilla habitual. La imagen del viernes pasado era mucho más patética por dos bajas de última hora.«Lo siento, no podemos atenderle»,explicaba la propia jueza a un usuario que se había acercado al mostrador. Rucio asegura que en sus 10 años de carrera nunca

había vivido«una situación igual».

Con la mitad del personal

Solo tres de los 14 juzgados que hay en Reus tienen la plantilla al completo.«De los 72 que hay en la provincia de Tarragona, 47 están afectados por la falta de personal»,confirma Enrique Domeque, coordinador de los secretarios judiciales. Los casos más graves, precisa, son los del Penal 1 de Reus, el 7 de Primera Instancia de Tarragona y el del decanato de la capital,«que solo disponen del 50% del personal».

Lo peor de todo es que no les dan esperanzas de solución. La Administración de Justicia ya les ha advertido de que la situación no va a cambiar. Por eso ayer hubo una reu-

nión de secretarios judiciales en Reus con el objetivo de buscar soluciones. Piden, como medida excepcional, trasladar personal de los juzgados con menos carga de trabajo a los que tengan una situación más complicada, y que los liberados sindicales dediquen algunas horas a la tarea diaria de sus juzgados.

«Podemos entender lo que está pasando, pero no compartimos el hecho de que un servicio público se deje sin atención al público»,explica Pere Lluís Huguet, decano del Col·legi d'Advocats de Reus.«Permanecer un mes en esta situación significará más de dos años de retraso en los expedientes»,asegura Rucio, que se acuerda de las quejas ciudadanas por la lentitud de la justicia y de errores judiciales propiciados por la saturación de trabajo, como ocurrió con elcaso Mari Luz,la niña asesinada en Huelva.

Más carga de trabajo

Rucio, después de comprobar que sus mensajes de alarma no surtían ningún efecto, dictó el 22 de febrero un expediente gubernativo para suspender«la atención total al público»y poder centrarse en los expedientes de violencia contra las mujeres, las causas con presos y los juicios rápidos.

Mientras, las montañas seguirán creciendo en las mesas del Penal 1. Cada uno de sus funcionarios, si no quedan sepultados, tendrá que afrontar una media mensual de entre 250 y 300 expedientes, en vez de los 150 que tenían y que les llevaban a acotar el retraso en poco más de un mes.