El fiscal pide cárcel para nueve guardias civiles por su vinculación con una red de narcotraficantes

El delegado de la Fiscalía Anticorrupcion de Barcelona, Fernando Bermejo, ha solicitado en su escrito de acusación penas de entre dos años y tres meses y 52 años de prisión para una presunta trama de corrupción de 25 personas en la que están implicados un importante grupo de narcotraficantes, nueve guardias civiles, entre ellos un teniente coronel, dos policías nacionales y un periodista. El escrito ha sido entregado por el ministerio público ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona que deberá juzgar este asunto, uno de los más importantes casos de corrupción policial descubiertos en Catalunya y que empezó a investigarse a raíz del robo, en el 2005, de 400 kilos de cocaína de un contenedor en el puerto de Barcelona.

En un extenso y detallado escrito de acusación, el fiscal Bermejo pone de relieve una serie de actuaciones presuntamente delictivas que incluyen la asociación ilícita, tráfico de drogas, detención ilegal, cohecho, blanqueo de capitales, revelación de secretos y omisión de perseguir actividades irregulares. En la causa figuran nueve guardias civiles imputados, entre ellos el teniente coronel Alfonso López Rubio, que se enfrenta a una petición del fiscal de 13 años de prisión por presunto cohecho y amenazas.

Otros dos agentes del instituto armado que figuran en las diligencias judiciales son: Antonio Sáenz Martínez, elTete, (se le reclama 26,6 años de prisión o alternativamente 23,6 años), y el suboficial Roberto de Prádena (se enfrenta a 13 años de cárcel), que, según la acusación, usaban guardias conocidos comoLos Soldados. Para el expolicía Antonio Giménez Raso, el fiscal reclama 18 años de cárcel, y a su hermano Carlos, siete años y seis meses. Sin embargo, las peticiones de prisión más fuertes son para los presuntos cabecillas y componentes de la red de narcos: Javier Segura, Daniel Ribelles, David Barba y Antonio Bals.

Origen de la trama

La trama fue creada aproximadamente en 1999 a raíz de un "reducto delincuencial" del que formaban parte los ahora procesados. Segura, conocido comoTrapero;Ribelles,Bolo, y Bals,El GordooToni el de los desguaces. A ellos se añadieron, según la acusación, otros amigos, conocidos del hampa, compañeros de prisión y personas vinculadas "al tráfico ilegal de drogas o al de vehículos sustraídos", y un segundo grupo dirigido por los expolicías y los guardias civiles imputados.

La red empezó a actuar en enero de 1999 con el robo de unos fardos de hachís que se guardaban en un taller de vehículos de Mollet del Vallès. Después se sucedieron otras sustracciones de droga. Según el auto de procesamiento, de los beneficios participaban algunos de los agentes imputados. Y es que la banda se aprovechaba de "la información reservada" de que disponía, y tenía "la infraestructura necesaria para conseguir la finalidad delictiva planeada y procurar la inmunidad".

El golpe final

El golpe final fue el robo del puerto. El periodista implicado está acusado de presuntas calumnias vertidas contra el coronel de la Guardia Civil Miguel Gómez Alarcón, que ha dirigido la investigación sobre la trama corrupta, y supuesta estafa. La investigación la dirigió una jueza de Martorell y los fiscales Fernando Bermejo y David Martínez Madero (fallecido recientemente y que fue director de la Oficina Antifrau).