La hostelería cumplirá la nueva ley antitabaco aunque pierda clientes

Con el explícito deseo, aunque probablemente vano, de que el Gobierno retroceda y deponga el veto de fumar en la hostelería española, los propietarios de bares y restaurantes empezaron a acatar ayer la nueva ley antitabaco, que prohíbe consumir cigarrillos en bares y restaurantes de todos los tamaños, al igual que en cualquier espacio público cubierto, ya sea comercial, cultural o administrativo, con excepción de cárceles, psiquiátricos, áreas privadas de residencias de ancianos y clubs de fumadores.

La ley no elimina ninguna prohibición de consumición de tabaco de la anterior norma, sino que amplía el veto a la mayoría de espacios que en el 2005 quedaron en situación ambigua, como los bares y restaurantes pequeños, los cuales, de forma general, permitían fumar. Los gremios y federaciones de la restauración no dudan de que sus representados acatarán la nueva ley, aunque pierdan clientela, punto que es objeto de controversia.

«Somos los más cumplidores del empresariado: en la hostelería, la ley se cumplirá», dijo, con rotundidad, Gaietà Farrás, vicepresidente de la Federación Española de Hostelería. «Pero es evidente que algunas comunidades fueron más laxas que Catalunya en la exigencia del cumplimiento de la anterior ley antitabaco», añadió, en alusión a los decretos aprobados en Valencia, Madrid, Castilla y León y La Rioja, que suavizaron, o eliminaron, la prohibición de fumar en los restaurantes de cualquier tamaño. Todos esos decretos fueron recurridos por el Ministerio de Sanidad, lo que no modificó el notorio incumplimiento de la ley.

Ahora puede ser distinto, ya que la cuantía de las multas asusta. «Me sale más caro pagar una multa de 2.000 o más euros que perder algún cliente fumador», comentó Maite, propietaria de un bar del Poblenou, en Barcelona. Una infracción leve cometida por quien fume en un bar, y por quien lo permita, se sancionará con multas de 30 a 600 euros. Si la acción se repite, la incorrección podrá clasificarse como moderada, y la multa oscilará entre los 601 y los 10.000 euros. Las acciones muy graves se penalizarán con el pago de entre 10.001 y 600.000 euros.

EL FUTURO / Pensando en Grecia y Holanda, países que han dejado en suspenso su ley antitabaco (el primero) o han introducido paréntesis permisivos para el consumo, los restauradores españoles confían en un retoque de la norma española. «Desearíamos que dieran marcha atrás -reconoce Farrás-. Una ley se cambia por otra ley, y listos».

La actitud de los ciudadanos fumadores será, de forma mayoritaria, cumplidora con la ley, pronostican los técnicos de la Conselleria de Salut. «Los fumadores son más intransigentes que los no fumadores pero, en general, nadie se siente cómodo actuando fuera de la ley», explican. Al igual que sucedió tras la entrada en vigor de la primera normativa antitabaco, la Generalitat mantendrá una actitud inicial más informativa que penalizadora con los implicados en el cambio legislativo. Pero solo será así al inicio. El desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento, recuerdan, en alusión a los ciudadanos que dicen no haber sido suficientemente informados.