El bienestar amenazado

Si algunas veces el periodismo alcanza la categoría de ciencia exacta es cuando indaga con tenacidad los hechos, los contrasta con rigor, los expone con precisión y los analiza con inteligencia, independencia y honestidad. Cuando, por el contrario, se aventura en la anticipación de aquello que se supone que sucederá o, mucho peor, de aquello que se desea que suceda, el periodismo corre el riesgo evidente de sucumbir a la impostura. Este último, naturalmente, no es el caso de las páginas que tiene el lector en sus manos. Lejos de elucubraciones sobre un porvenir incierto, estos textos conforman la crónica urgente de un presente que ya se nos echa encima.

El 2011 será un año difícil. El fantasma del desmontaje del Estado de bienestar cabalga al galope tendido por Europa: miedo, individualismo a ultranza, egoísmo social, odio. Las costuras del sistema público serán puestas a prueba como nunca. Habrá que ver hasta qué punto la Administración es capaz de mantener la calidad de los servicios y ofrecer una protección social eficaz a los ciudadanos más débiles -devorados a dentelladas por la crisis-, después del tijeretazo social y salarial. Un recorte, no debe olvidarse, forzado en gran medida por los mismos mercados financieros cuya impúdica -e impune- codicia está en el origen de esta mayúscula estafa global.

Los otros dos pilares del bienestar, la sanidad y la educación, tampoco pueden considerarse a salvo de la penuria. La cuestión fundamental es si la reducción del gasto se hará a fuerza de racionalizar y optimizar los recursos menguantes, o bien irá en detrimento de la calidad de los servicios públicos.

Ahorro en los hospitales

En Catalunya, esta encrucijada estratégica coincide con el hundimiento de la izquierda y el regreso al poder de la derecha nacionalista. El nuevo conseller de Salut, Boi Ruiz, hasta ahora jefe de la patronal de la sanidad privada, nunca ha hecho ascos a la idea de implantar el copago en la sanidad pública (una cuota por visita médica, de efecto disuasorio). Pero el president, Artur Mas, ha empeñado su palabra en que no abrirá la puerta al copago: hoy por hoy, el moderado beneficio económico de la medida no compensaría su elevadísimo coste político.

El Gobierno de CiU empezará por sopesar otras medidas de ahorro en la sanidad, como el cobro en los hospitales de los servicios de hostelería (comidas, bebidas…) y del 40% del precio de los medicamentos (como si se adquirieran con receta en una farmacia). También es propósito del nuevo Govern impulsar con incentivos fiscales la afiliación a mutuas privadas, así como reabrir las puertas de los centros de asistencia primaria a la gestión del sector privado.

En el área de Ensenyament, la nueva consellera, Irene Rigau, tendrá en el desarrollo de la ley de educación de Catalunya (aprobada con el concurso de CiU desde la oposición) una oportunidad para congraciarse con el cuerpo docente, cuyos puentes con el socialista Ernest Maragall acabaron en ruinas. De entrada, Rigau ha anunciado cambios radicales en el calendario escolar, que tanto rechazo cosechó entre los profesores. Cambios como la abolición de la semana blanca desde el curso 2011/12 en adelante. También habrá novedades en los criterios de puntuación de las preinscripciones escolares (por ejemplo, los hijos de los exalumnos tendrán puntos adicionales para obtener plaza en un centro).

Cambios sin coste

Se trata, en general, de medidas sin coste económico. Precisamente, la endeblez de las arcas públicas puede acabar erigiéndose como un muro infranqueable frente a la idea de CiU de concertar el ciclo de bachillerato, que persigue incrementar el peso del sector privado en la gestión de la enseñanza pública. Hoy, solo hay centros privados concertados en primaria y en la ESO, con la excepción de una veintena que imparte bachillerato en virtud de un derecho adquirido en los albores de la autonomía.

El 2011 también deparará cambios en la esfera policial y de tráfico en Catalunya. El nuevo titular de Interior, Felip Puig, ya ha manifestado su intención de dinamitar el legado de su antecesor, el ecosocialista Joan Saura. Puig intentará ganarse el favor de los Mossos d'Esquadra (muy disgustados con la labor de Saura), para lo cual revisará el código ético de la policía catalana y la instalación de cámaras en el interior de las comisarías. Y también flexibilizará el límite de velocidad de 80 km/h en los accesos de Barcelona y su área, aunque su programa electoral era más radical: abogaba por la abolición sin más.

El corredor mediterráneo

En el campo de las infraestructuras y los transportes, la Generalitat recibió ayer mismo el traspaso de los trenes regionales. A finales de este año deberá considerar si renueva o revoca la concesión de Renfe para operar los cercanías y regionales. Antes, a mediados de año, la Comisión Europea adoptará una decisión crucial para el desarrollo estratégico de Catalunya: la declaración, o no, del corredor ferroviario mediterráneo como eje prioritario europeo.

El relevo en la Generalitat supondrá el desbloqueo definitivo de la construcción del Cuarto Cinturón. Menos previsible es que, pese a las primeras alusiones, vaya a ir muy lejos en la práctica el viejo proyecto de CiU de trasvasar agua del Ródano.

Entre tanto, el Gobierno central culminará la abolición de los privilegios de los controladores aéreos. Este mismo año serán privatizadas 13 de las 47 torres de control aéreo. Los técnicos podrán optar entre integrarse en las empresas adjudicatarias y aceptar sus condiciones contractuales; trasladarse a alguna de las torres que sigan en manos de AENA al cien por cien (aunque transitoriamente, pues se prevé que todas las torres estén privatizadas en el 2013), o rescindir sus contratos con AENA.

Este será también el año de la aplicación efectiva de dos leyes polémicas: la que prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados, parques infantiles y puertas de hospitales, que hoy mismo ha entrado en vigor, y la que abole las corridas de toros en Catalunya: este otoño se celebrará la última lidia.

La xenofobia y las urnas

La condición electoral del 2011 (el 22 de mayo, municipales) lo hará especialmente ingrato para los inmigrantes. El endurecimiento de los discursos sobre la inmigración, azuzado por el efecto de la crisis, viene de lejos. El 2010 marcó con claridad esta deriva: el plan desbaratado del alcalde de Vic para delatar a los sin papeles; la reclamación de las alcaldesas de L'Hospitalet y Salt de negar la reagrupación familiar a los extranjeros que quebranten las ordenanzas cívicas; la prohibición del burka en ciudades como Lleida, donde las usuarias de esa prenda islámica se cuentan con los dedos de la mano... Ninguno de esos alcaldes osa expresar en público lo que solo unos pocos admiten en privado: la presión del electorado y la competencia de la xenófoba PxC les han empujado al discurso restrictivo.

Y entre todas estas certezas, el 2011 se abre con un gran y urgente interrogante social: ¿Se logrará -quién, cómo- poner freno a la monstruosa epidemia de violencia contra las mujeres?