El rechazo a inmigrantes incívicos suma apoyos de alcaldes y Govern

La puerta abierta por el Gobierno, a petición de los ayuntamientos socialistas de L'Hospitalet de Llobregat y Salt (Gironès), a denegar los papeles a los inmigrantes incívicos va camino de dar paso a otro vendaval prohibicionista con respecto a los derechos de los inmigrantes. En cambio, la iniciativa de ambos consistorios de restringir también los permisos de reagrupación familiar a los extranjeros en situación regular ha recibido un rechazo frontal de entidades y administraciones, porque supondría vulnerar derechos fundamentales recogidos por la Unión Europea con respecto a ciudadanos en situación de plena legalidad.

Sobre la denegación del permiso por arraigo a los inmigrantes multados por incívicos, ya el lunes el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, explicó que «desde hace años» eleva a la Subdelegación del Gobierno informes de arraigo negativos en estos casos. A la postura de Hereu se suma la buena predisposición ante la medida de las dos asociaciones municipalistas. Salvador Esteve, alcalde de Martorell por CiU y presidente de la Associació Catalana de Municipis, afirma: «No veo mal la propuesta, ¿Por qué tenemos que facilitar la regularización de un señor que se ha demostrado que es una persona incívica? No estaría mal que los alcaldes pudieran decidir al respecto».

UNIFICAR CRITERIOS / A renglón seguido, Esteve advierte de que se debería hilar fino al definir, de forma unificada, qué sanciones graves comportarían que el extranjero se quedase sin los papeles por arraigo después de tres años de residencia en un municipio. Manuel Bustos, presidente de la Federació de Muncipis y alcalde de Sabadell, se apunta a la tesis de considerar «interesante» esta posible restricción a los extranjeros. «La iniciativa no debe caer en saco roto. Tiene que haber fórmulas para que las actitudes de respeto al lugar que compartimos sean clave», argumenta un edil que lleva meses reclamando un mayor poder de decisión de los alcaldes ante cuestiones de convivencia. Bustos, con todo, también es de la opinión de que la iniciativa debe madurarse para evitar situaciones de discriminación o desproporción entre una pequeña multa urbana y la decisión de denegar la regularización a un ciudadano.

Las reflexiones de Bustos, de hecho, tienen que ver con una evidencia: en el PSC, la propuesta unilateral de sus alcaldesas de L'Hospitalet y Salt ha generado un indisimulado malestar. La responsable de inmigración del partido, Consol Prados, no cierra la puerta a buscar una fórmula para restringir el arraigo, pero advierte de que puede abrir un nuevo filón del que acaben beneficiándose el PP u otros discursos todavía más duros respecto a los derechos de los inmigrantes.

PROPUESTA DEL PP EN BADALONA / Así, el PP de Badalona no perdió tiempo ayer en anunciar que presentará la misma propuesta de L'Hospitalet y Salt en el ayuntamiento, gobernado por el PSC con CiU. Ante ello, el alcalde, Jordi Serra (PSC), mostró sus dudas sobre la viabilidad legal de esta iniciativa. «Estamos analizando las posibilidades reales de esta propuesta, como muchos otros ayuntamientos. Consideramos que la política inmigratoria no se puede convertir en una competición mediática entre algunas ciudades o partidos, sino que se debe basar en un trabajo serio y responsable», aseguró Serra, informa David Placer.

El presidente de Fedelatina, la federación de colectivos latinoamericanos, Javier Bonomi, cree que la restricción debería hacerse siempre que se concrete con detalle para evitar sanciones desproporcionadas. En cambio, Ghassan Saliba, responsable de inmigración de CCOO, considera demagógica e innecesaria la medida porque ya existe un criterio: la existencia de antecedentes penales y policiales impiden a un inmigrante regularizarse.

En este mismo sentido, el abogado Antonio Segura, miembro de la comisión de extranjería del Col·legi d'Advocats de Barcelona, recuerda que los antecedentes ya son un criterio claro de rechazo de la regularización, mientras que, a su juicio, las ordenanzas municipales «generarían una total inseguridad jurídica, porque cada ayuntamiento podría hacer lo que quisiera. Se entraría en la ambigüedad y la falta de rigor». Segura lamenta que la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, sopese incluir esta propuesta en el nuevo reglamento de extranjería. «Demuestra que actúa en función del momento político», afirma.

Más allá del encaje legal, como explica la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, son ya varios municipios los que están estudiando la propuesta. Un claro síntoma de que tras la intención de Vic de limitar el empadronamiento y la de Lleida de vetar el uso público del burka, esta nueva iniciativa respecto a los derechos de los extranjeros va camino de convertirse en otra bola de nieve creciente, a cinco meses de las próximas elecciones municipales.