DECISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO

El estado de alarma regirá hasta el 15 de enero para blindar las fiestas

Despegue frente a la torre de control del aeropuerto madrileño de Barajas, ayer.

Despegue frente a la torre de control del aeropuerto madrileño de Barajas, ayer.

PILAR SANTOS / MARGARITA BATALLAS
MADRID

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno solicitó ayer oficialmente al Congreso de los Diputados que el estado de alarma se prorrogue hasta el 15 de enero, para «garantizar el control aéreo» durante las fiestas de Navidad. La Cámara baja votará mañana la propuesta, una iniciativa para la que el PSOE contará con el respaldo previsiblemente de CiU, PNV y Coalición Canaria.

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó ayer por la tarde un Consejo de Ministros extraordinario para solemnizar esta petición, que mantiene a los controladores aéreos bajo mando militar.

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el encargado de anunciar la decisión del Ejecutivo. El número dos del Gobierno dijo que los acontecimientos vividos en los aeropuertos el pasado día 3, cuando los controladores se ausentaron en bloque de las torres, «fueron gravísimos» y es «obligación» del Ejecutivo garantizar que el tráfico aéreo «vuelve absolutamente a la normalidad».

SIN «DISCREPANCIAS» / En una rueda de prensa exprés, el número dos del Gobierno descartó que hubiera habido «discrepancias» en el seno del Consejo de Ministros a cuenta de la extensión de la prórroga. «Creemos que es lo que necesitamos», zanjó Rubalcaba ante las diversas preguntas planteadas en este sentido.

Fuentes jurídicas han advertido al Ejecutivo de la posibilidad de que esta moratoria sea recurrida ante los tribunales porque se trata de una medida preventiva y no reactiva, que es lo que marca la ley. El vicepresidente no quiso analizar esta posibilidad y se limitó a decir que el Gobierno no utiliza esta medida extraordinaria (nunca decretada en democracia) solo «por si acaso».

Rubalcaba afirmó que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, será el encargado de defender la solicitud en el Congreso mañana por la tarde ante la ausencia de Zapatero, que debe viajar a Bruselas para participar en el Consejo Europeo.

Los grupos parlamentarios tienen capacidad para presentar modificaciones a la propuesta del Ejecutivo. De hecho, CiU ha advertido de que apoya la moratoria, aunque la federación es partidaria de que el estado de alarma se prorrogue solo durante las Navidades. Los partidos de izquierda (ERC, IU-ICV, BNG) rechazan la medida de plano.

El PP no ha manifestado todavía públicamente qué hará en la votación de mañana en el Congreso. Por ahora, los conservadores están centrándose en criticar las formas con las que el grupo del PSOE en la Cámara baja está actuando, informa Gemma Robles. La portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se quejó de falta de información y se escudó en un informe que el Gobierno enviará esta mañana a los grupos, detallando sus argumentos, para no adelantar la posición de su partido. «El PP toma las decisiones con prudencia», declaró.

INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO / Sáenz de Santamaría afirmó que el Ejecutivo debería haber solicitado al Consejo de Estado (órgano consultivo) un informe sobre la moratoria, requerimiento que Rubalcaba consideró que no era necesario.

El Consejo de Ministros extraordinario -en el que no participaron por viajes oficiales Carme Chacón (Defensa), Rosa Aguilar (Medio Ambiente) y Miguel Sebastián (Industria)- analizó informes de Fomento, Defensa y Justicia. Según fuentes conocedoras de la reunión, uno de los que aportó el departamento de José Blanco cifra en 90.000 los vuelos programados entre el 20 de diciembre y el 10 de enero. También incluye el número de pasajeros que transitarán por los aeropuertos entre esas fechas (9 millones de viajeros) y el de posibles afectados ante un nuevo paro salvaje: 3,5 millones de personas.

MÁS TIEMPO PARA TOMAR MEDIDAS / Esas mismas fuentes añadieron que se tuvo en cuenta otro documento en el que se detalla el impacto económico que tendría una huelga en el sector turístico, con un apartado especial dedicado a Canarias.

En el Consejo también se remarcó la necesidad de que el Ejecutivo cuente con más margen para impulsar las reformas necesarias para impedir la posibilidad del abandono masivo del servicio.