LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL CONFLICTO AÉREO

Zapatero afina el aval jurídico para prorrogar la alarma

El Gobierno ultima el concurso para privatizar unas 15 torres de control

Un avión despega de El Prat el pasado día 6, una vez recobrada la normalidad en el tráfico aéreo.

Un avión despega de El Prat el pasado día 6, una vez recobrada la normalidad en el tráfico aéreo.

MARGARITA BATALLAS / PILAR SANTOS
MADRID

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el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene encima de su mesa desde ayer por la mañana informes jurídicos y del Ministerio de Fomento para decidir en las próximas horas si es necesario prorrogar el estado de alarma y mantener la paz en las torres de control de los aeropuertos durante las fiestas navideñas. La ampliación de esta fórmula legal, que se ha aprobado por primera vez en democracia, requiere la aprobación por mayoría simple del Congreso, donde el PSOE cuenta con los apoyos necesarios, puesto que tanto CiU como el PNV han dejado claro que aceptan la prórroga si está bien argumentada.

Y en esa cobertura legal está trabajando la abogacía del Estado, el principal órgano asesor del Gobierno, que no ha pedido la ayuda en este proceso de la fiscalía general, garante de la legalidad.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS / Fuentes jurídicas explicaron que están elaborando los argumentos necesarios que el Gobierno puede blandir para justificar la prórroga de la alarma. Entre ellos destacan tres. El primero consiste en subrayar las numerosas manifestaciones de los controladores aéreos durante estos últimos días, unas declaraciones en las que han dejado claro que siguen rechazando el decreto que provocó su paro salvaje. Este decreto del pasado día 3 les recuerda cómo tienen que contar las 1.670 horas anuales que deben trabajar (no pueden incluir las horas sindicales o las horas de guardia), una excusa por la que muchos se ausentaron de sus puestos de trabajo al considerar que ya habían completado su plan este año 2010.

El segundo argumento es el cálculo del coste económico que tendría un nuevo paro de los controladores, sobre todo para el sector del turismo. Por último, el Gobierno no puede pasar por alto los graves daños que los problemas en los aeropuertos causarían a la ciudadanía y la obligación que tiene de garantizar que nadie violenta «el sistema vacacional» de los españoles, añaden fuentes jurídicas.

COMPARECENCIA DE BLANCO / Del estado del conflicto y de las acciones que Fomento tiene previstas en los próximos días y meses para finiquitar la amenaza que este colectivo supone para el tráfico aéreo, dará cuenta esta mañana en el Congreso el ministro José Blanco.

Entre las actuaciones más inmediatas de la hoja de ruta de Blanco figura la de convocar a concurso público la liberalización de las torres, para que empresas privadas puedan optar a la gestión de ciertos centros y contratar al personal que estimen oportuno, con salarios que podrían ser cuatro veces menos que los actuales de los controladores. La intención del Gobierno es aplicar esta medida en cuestión de días, en todo caso antes de que termine el estado de alarma, como informó este diario el pasado día 7. Las primeras torres que saldrían a concurso serían todas de aeropuertos pequeños y medianos, una quincena de los 47 de AENA, como los de Sevilla, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Jerez, Vigo, A Coruña, Melilla, Sabadell, Cuatro Vientos y Alicante.

El presidente debe tomar una decisión hoy o mañana, puesto que esta vez la moratoria de la alarma requiere de la aprobación de los diputados, que podrían reunirse como muy tarde el jueves. Si finalmente decide hacerlo, el Ejecutivo propondrá al Congreso el número de días que considere necesario para proteger los desplazamientos en la Navidad. Los grupos podrán pedir alargar o acortar ese periodo de prórroga, que esta segunda vez ya no tiene por qué ser de 15 días.

Fuentes jurídicas advirtieron de que esta moratoria presenta un problema jurídico espinoso. La ley del estado de alarma recoge que su aplicación debe tener «carácter reactivo» y, si el Ejecutivo la solicitara ahora, algunos juristas podrían considerar que se estaría aprobando con carácter preventivo. Fuentes de la Moncloa sin embargo, quitaron importancia a este riesgo y aseguraron que, si el Ejecutivo se dejara llevar por este argumento, la ciudadanía no lo entendería. «Si un científico, después de cumplirse el estado de alarma por un terremoto, comunicase que existe un riesgo real de que el seísmo se repitiera, nadie dudaría en mantener esa situación», explicó gráficamente uno de los asesores del Gobierno.