INMIGRACIÓN

El Gobierno estudia denegar el arraigo a extranjeros incívicos

FIDEL MASREAL / BARCELONA
FERRAN COSCULLUELA / GIRONA

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El Gobierno está sopesando un endurecimiento de las condiciones para la regularización de los inmigrantes. Tras la petición de los ayuntamientos de L'Hospitalet de Llobregat y Salt (Gironès), ambos del PSC, de denegar la legalización por arraigo a los extranjeros que vulneren las ordenanzas cívicas, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, declaró ayer a EL PERIÓDICO: «Estudiaremos incluir esta petición en el nuevo reglamento de la ley de extranjería». Terrón matizó que esta restricción debería limitarse a los ciudadanos que vulneren de forma flagrante y reiterada las ordenanzas municipales. Terrón recordó que el Gobierno no tiene la obligación de regularizar a los inmigrantes sin papeles. Si se hace de forma extraordinaria, añadió, es porque se constata que llevan tres años viviendo en España y en condiciones de acceder a un contrato laboral. Advertir a quien solicita este permiso de que un comportamiento incívico grave puede acarrearle la no legalización puede ser, afirmó Terrón, una medida «disuasoria».

Pero además de poner más límites al arraigo, tanto L'Hospitalet como Salt reclamarán, en sendas mociones, que se deniegue la reagrupación familiar a los inmigrantes incívicos. Respecto a esta segunda petición, fuentes del Gobierno recordaron que la reagrupación es un derecho fundamental regulado por la UE y, a diferencia del arraigo, solicitado por parte de ciudadanos en situación de plena legalidad en España. Por ello, denegarla por incumplir una ordenanza «es absolutamente desproporcionado».

La alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, alegó que ambas propuestas son «muy razonables y de sentido común» y solo se aplicarían ante vulneraciones graves como ruidos y consumo de alcohol en la vía pública de forma continuada. Marín admitió que no ha consultado la decisión con la dirección del PSC, pero que otros alcaldes socialistas ya disponen de la moción de L'Hospitalet «y la estudiarán».

MALESTAR MUNICIPAL / Respecto al municipio de Salt, los grupos del PSC y ERC, que gobiernan en coalición, tienen previsto aprobar una moción el próximo lunes que apunta en la misma dirección que la propuesta de L'Hospitalet. «La gente no vive en las subdelegaciones del Gobierno [responsables de aprobar o denegar estos permisos], sino en las ciudades. Somos nosotros los que hemos de sufrir vecinos que pueden ser incívicos. ¿Por qué hemos de emitir un informe positivo?», argumentó ayer la alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda (PSC). El líder municipalista del PSC y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, admitió ayer que el partido no tiene una posición fijada con respecto a estas propuestas, aunque las calificó de «interesantes».