IMPULSADA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL
La Eurocámara aprueba la orden de protección a maltratadas
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el proyecto de orden europea de protección a las mujeres maltratadas por una aplastante mayoría de 610 votos a favor, 13 en contra y 56 abstenciones. La medida, impulsada por el Gobierno español, busca garantizar a las víctimas de violencia que la protección que recibe en un estado de la Unión Europea (UE) se aplica en cualquier otro país europeo al que la persona se traslade.
Esta orden europea aseguraría que una víctima que se beneficia de una medida de protección en su país de origen, por ejemplo, una orden de alejamiento del agresor, reciba el mismo grado de protección en otro país europeo donde se traslade. La Eurocámara ha ampliado el ámbito de aplicación más allá de las mujeres maltratadas para que protega a toda víctima de violencia y cuyo agresor haya sido identificado.
La euroorden, según el texto aprobado, se aplicará "a las medidas de protección destinadas a defender a todas las víctimas y no sólo a las víctimas de la violencia de género, teniendo en cuenta las características del tipo de delito de que se trate".
Respaldo de 17 países
El objetivo es proteger a las víctimas o posibles víctimas "contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual [por ejemplo impidiendo cualquier forma de acoso] así como su dignidad o libertad personal, por ejemplo impidiendo el secuestro, el acecho y cualquier otra forma de coerción indirecta, así como a evitar nuevos actos delictivos o reducir las consecuencias de los cometidos anteriormente".
La iniciativa legislativa se encuentra bloqueada en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE y cuenta con la feroz oposición desde el principio de la comisaria de Justicia, Viviane Reding. La propuesta tiene el respaldo de 17 de los 27 países de la UE, pero la oposición de Alemania, Gran Bretaña, Austria, Hungría, República Checa, Eslovenia y Letonia bloquea su aprobación.
"Ahora es el Consejo de Ministros de la UE el que debe decidir si Europa se implica de verdad en la lucha contra la violencia y la defensa de los derechos fundamentales", ha señalado la eurodiputada socialista Carmen Romero. "Hay que enviar un mensaje claro al Consejo de la UE: los ciudadanos quieren sentirse protegidos donde quiera que estén", ha añadido la eurodiputada popular Teresa Jiménez-Becerril.
La Eurocámara también ha aprobado hoy una sanción penal mínima de 5 años y de 10 años en los casos graves para las personas responsables del tráfico de seres humanos, tanto por explotación sexual como laboral.
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