El frente político

El Gobierno decide el martes sobre el estado de alarma

Los afectados temen un caos judicial y piden indemnizaciones millonarias a AENA

EL PERIÓDICO
MADRID

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el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció ayer que el Ejecutivo decidirá el martes o el miércoles si prorroga el estado de alarma decretado el pasado día 4 tras el caos aéreo provocado por el plante de los controladores. «Tenemos de plazo hasta mediados de la semana que viene para evaluar la situación y tomar la decisión correspondiente», comentó Jáuregui, al tiempo que subrayó que la decisión que se tome tendrá como objetivo dar «plena seguridad al espacio aéreo».

Las declaraciones del ministro se produjeron poco después de que el líder del PP, Mariano Rajoy, asegurara en Cáceres que el Gobierno gestionó «tan mal la situación» que no le quedó otro remedio que adoptar esta medida excepcional «por primera vez en la historia española». «Es dudoso que el Gobierno pueda justificar una prórroga para esa declaración», opinó la secretaria general popular, María Dolores de Cospedal.

JUZGADO ESPECÍFICO / Las distintas plataformas de afectados pidieron ayer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se cree un juzgado específico destinado al caso. Así se evitaría el posible bloqueo judicial que causaría la presentación de demandas en distintos juzgados que pueden estimarlas o no. «Se trata de evitar que quienes han sufrido ya un bloqueo aéreo no sufran ahora otro jurídico», explicaron los abogados de la principal plataforma, que pedirán a AENA, como responsable subsidiaria, una indemnización de 10.000 euros por «daños morales» a cada afectado y no solo los 600 euros previstos por el gestor aéreo para cancelación de vuelos.

Los abogados del despacho de Cremades & Calvo Sotelo, que defienden a la mayor agrupación de afectados, unos 5.000, anunciaron que esta reclamación por vía administrativa se interpondrá en enero contra el organismo dependiente de Fomento porque son responsables de los daños y perjuicios sufridos por un total de 600.000 personas, ya que el Estado ha fallado, según los letrados, en garantizar uno de los derechos básicos como es la libertad de tránsito. Al mismo tiempo presentarán una demanda penal contra los controladores para exigirles responsabilidades.

INFARTO Y 'SECUESTRO' / Entre los casos de «daños morales» figuran el de un frustrado pasajero que murió de un infarto en un aseo de la T4 de Barajas. «Tuvimos la sensación de que estábamos secuestrados», denunció Elena Fuentes, que viajaba con su marido y su hijo hacia Fuerteventura en un avión que fue desviado a Portugal. En Asturias, Baleares y Canarias han surgido otras agrupaciones de afectados y bufetes que, según algunos clientes, cobran a los afectados unos 25 euros por reclamación más el compromiso del 30% de la posible indemnización.

Mientras, más práctica, la Unión de Consumidores de España pidió al Gobierno un procedimiento rápido y sencillo para compensar a cada afectado con 500 euros.