El geriátrico de Olot sostiene que los asesinatos fueron inevitables

Un día después de la tremenda confesión de Joan Vila, en la que se atribuyó el asesinato de 11 ancianos ingresados en La Caritat de Olot, los responsables del geriátrico convocaron una rueda de prensa en la que reiteraron que el asilo ha cumplido en todo momento los protocolos que exige la ley y afirmaron que los crímenes del celador fueron prácticamente inevitables. El director del centro, Joan Sala, rehuyó toda responsabilidad profesional pero en cambio aseguró que La Caritat asumirá cualquier indemnización que pueda establecer el juez.

Sala advirtió de que la residencia «no da credibilidad» a las declaraciones del celador, porque Vila ha variado su confesión en tres ocasiones. El abogado del centro, Joan Cañada, afirmó que, por lo tanto, todo «seguirá abierto» hasta que se pronuncien los forenses, incluida la posibilidad de que el celador haya podido cometer más crímenes que los que ha confesado.

El director de la Caritat insistió en que no se pueden atribuir los asesinatos a posibles fallos en los sistemas de vigilancia y control del centro. «Vila no actuó con impunidad, y la falta de medidas nunca ha podido ser la causa de lo que ha pasado», afirmó Sala, que recordó que los fallecidos son personas mayores con una salud de una fragilidad extrema, por lo que su muerte no extrañó a los médicos.

Sala calificó de «cuestión estadística» el hecho de que 12 de los 15 fallecidos en el 2010 murieran en el turno del celador, aunque admitió que se había producido algún comentario en ese sentido entre los internos antes de su detención. «Pero si hubiera habido realmente una sospecha, nos habría ayudado a evitar lo que ha sucedido», afirmó.

El juez que instruye el caso ordenó ayer la exhumación de otros dos cadáveres para comprobar las causas de su muerte, ya que el celador se responsabilizó de sus muertes en su confesión.

POSIBLE SANCIÓN Por su parte, fuentes de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania no descartaban ayer la posibilidad de sancionar al geriátrico y suspender la colaboración del Govern con el centro, con el que actualmente tiene concertadas 39 plazas. Sin embargo, ni la multa ni la suspensión del convenio estarían relacionadas con el caso, sino con incidencias menores. Acció Social tuvo ayer especial interés en asegurar que este caso no tiene nada que ver con la capacidad inspectora de las residencias sino con una actuación individual. Actualmente existen en Catalunya más de 1.160 residencias. De estas, la mayoría, 1.025, son de carácter privado, con las que la Generalitat concierta plazas públicas.

Los incumplimientos legales más comunes de las residencias no se deben al personal empleado sino a espacios que resultan insuficientes. Según el Govern, el cierre de centros se produce solo en dos o tres casos anualmente. La inspección también puede actuar de oficio, como ocurrió en este caso al trascender los asesinatos cometidos por Vila.

UN MÉTODO RIGUROSO Respecto al certificado de defunción de las víctimas, el Col·legi de Metges de Barcelona recordó ayer que siempre consiste en una observación detallada del fallecido y debe tener en cuenta su historia clínica y los supuestos motivos de la muerte. El médico tiene que inspeccionar el cadáver y comprobar si ha habido un acto de violencia, en cuyo caso lo tendrá que comunicar al juez, que ordenará hacer autopsia.

Las muertes por intoxicación por medicamentos son imposibles de detectar a simple vista, añade la entidad, igual que las sobredosis de insulina, métodos utilizados por el celador. Las quemaduras en la boca que causa la ingesta de lejía -otro sistema usado por el asesino- pudieron confundirse con la rápida sequedad que sufren los ancianos fallecidos, según el órgano colegial.