Los forenses censuran la prueba de edad de menores inmigrantes

Ya no se trata solamente de la denuncia de las oenegés ni de un informe crítico del Síndic de Greujes. Esta vez son los especialistas, los médicos forenses, los que certifican que las pruebas médicas con las que la Generalitat y otras comunidades autónomas cuestionan la minoría de edad de los jóvenes inmigrantes que llegan a Catalunya «no deben ser usadas a menos que no se disponga de otro método más fiable», porque la prueba ósea y dental que se practica está sujeta a «grandes variaciones».

El documento, avalado por 33 responsables de medicina legal de toda España, advierte de que para la estimación de la edad deben tenerse en cuenta también cuestiones como una entrevista personal o un examen físico del joven y, eventualmente, un estudio óseo de la clavícula.

APOYO DE LA DEFENSORA / La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, impulsora de la reunión de ayer, recordó que se ha producido un enorme número de quejas, la mayoría sobre la «preocupante» horquilla de cuatro años que ofrecen las pruebas óseas. Los forenses también reclamaron que las pruebas sean ordenadas por un juez o por la fiscalía, y que en cualquier caso la decisión final sobre la edad del joven recaiga en la autoridad política, no en la policial. Diversas comunidades autónomas cuestionan el pasaporte de decenas de jóvenes inmigrantes no acompañados cuando por su aspecto deducen que pueden ser mayores de edad. La Generalitat traslada esta duda ante la fiscalía.

A la vista del pronunciamiento de los forenses, el director general de Atenció a la Infància del Govern, Xavier Soley, se mostró ayer dispuesto a poner en práctica otro método de comprobación. «Si los forenses se ponen de acuerdo en que hay otra prueba científica que se pueda hacer, atenderemos lo que nos digan», afirmó. Sin embargo, Soley defendió la actual prueba radiológica, que se complementa con una prueba de mandíbula y una exploración física general.

Preguntado sobre si estas comprobaciones actuales generan un amplio margen de edad, aseguró: «Le puedo decir que en muchos casos, por no decir todos, los decretos de fiscalía sobre la edad son absolutamente acertados». Respecto a la acusación del Síndic de que el Govern trata de eludir la tutela de los jóvenes, Soley replicó: «Es falso, no nos quitamos a los menores de encima, no tenemos ningún interés en vaciar centros». El Síndic denunció recientemente que en la Generalitat «prevalece la voluntad de evitar problemas en los saturados centros de acogida».