Retirados dos crucifijos de un colegio público extremeño tras una denuncia

Unos padres de Almendralejo (Badajoz) han logrado que se retiren dos crucifijos de las aulas de sus hijos en el colegio público Ortega y Gasset de esta localidad, después de dos años de peticiones y pleitos.

Para ello tuvieron que recurrir a la vía judicial, y ha sido un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que ha ratificado la retirada. No obstante, la eliminación de los crucifijos ya se había producido en virtud de un «acuerdo entre la Administración regional y los padres que demandaban la retirada», según hizo constar ayer a este diario Raimundo Prado, magistrado que actuó como ponente en esta causa.

El caso se inició con una solicitud de los padres ante la Junta de Extremadura en la que exigían la retirada de los crucifijos de las clases de sus hijos. La institución respondió que esto era competencia de las autoridades educativas y del centro, lo que motivó que los progenitores fueran a los tribunales. La resolución judicial hecha pública ayer verifica la legalidad del acuerdo de las partes.

Los padres de Almendralejo se han declarado «parcialmente satisfechos» con el desenlace. Según Lorenzo Losada, uno de los progenitores, el motivo es que «no se está aplicando el auto del juez» porque los símbolos religiosos desaparecieron a principios de curso de las aulas de sus hijos, de 5 y 10 años, pero no del resto de estancias comunes del centro, algo que incluían sus demandas: «Sigue habiendo imágenes y carteles referidos a la confesión católica, como los del Domund». Es por ello que la lucha de esta familia continúa. «Hemos pedido al abogado que solicite la ejecución del auto y estamos a la espera de que se cumpla en todo el centro», destaca.

PRESENCIA RESIDUAL / La presencia de crucifijos en los colegios públicos españoles es residual. El Ministerio de Educación ha reiterado varias veces que no deben colocarse estos símbolos, con el argumento de que el asunto está resuelto desde 1978 por los principios de la Constitución de aconfesionalidad y de libertad de creencias religiosas. En el 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligó a retirarlos de una escuela pública de Valladolid a raíz de la petición de un grupo de padres.