Libres por falta de juicio 2 confesos de asesinato

Mató a su madre en Segur de Calafell con un cuchillo, según relató con detalle a la Guardia Civil y negó después ante el juez instructor. La descuartizó con una sierra radial, quemó los trozos en la chimenea y tiró los restos a un contenedor. Para ello contó con la colaboración de su novia. Los hechos se remontan al 30 de septiembre del 2006 y ahora, después de cumplir cuatro años de prisión provisional, Víctor Alarcón y Gemma Olaria están en libertad condicional por «imperativo legal» y a la espera de que se celebre el juicio.

La complejidad del caso, la actuación de los abogados, el colapso de los juzgados de El Vendrell y la actuación del primer juez instructor se han aliado en este caso para que la Audiencia de Tarragona se haya visto obligada a decretar la libertad provisional de los acusados de matar a Carolina Ortiz, de 46 años.

Laconsellerade Justícia, Montserrat Tura, reconoció ayer en Tarragona que el sistema puede haber fallado. «Cuando un juzgado tiene encima de la mesa un expediente por asesinato y descuartizamiento, con dos personas en prisión preventiva, no puede permitir que le caduque el plazo de cuatro años», precisó.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aclara en un comunicado que la Audiencia de Tarragona señalará próximamente la fecha del juicio, que se hará con jurado popular. Precisa que en estos momentos «está en trámite de apelación el auto de cuestiones previas» y destaca que la causa, que consta de siete volúmenes, «no ha estado parada en ningún momento».

MEDIDAS CAUTELARES / Los dos acusados están imputados por un delito de asesinato y profanación de cadáver, y una falta de estafa. El fiscal ha solicitado 20 años de cárcel y una indemnización de 60.000 euros para cada una de las otras dos hijas de la mujer asesinada.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la Audiencia de Tarragona ha dictado estrictas medidas cautelares. Los acusados tendrán que presentarse a diario en el juzgado de guardia de su lugar de residencia, se les ha retirado el pasaporte, se les prohibe abandonar Catalunya, estarán vigilados por la policía autonómica y no tendrán que cumplir una orden de alejamiento de los familiares de la víctima.