las quejas de un colectivo de 90.000 profesionales

El descontento del profesorado marca la vuelta a las aulas

JORDI CASABELLA / Barcelona

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Las clases en la enseñanza no universitaria catalana se reanudan hoy, tras el paréntesis estival, en medio de un clima de renovado malestar entre un amplio sector del profesorado. El recorte de los sueldos de los enseñantes en un 5%, que comenzó a aplicarse en la nómina de junio, y que también afecta a los profesionales de los centros concertados, ha venido a agravar el descontento acumulado en los últimos cursos por el proceso de elaboración y aprobación de la ley catalana de educación (LEC), que los sindicatos creen lesiva para los intereses de los enseñantes.

El desencuentro entre el colectivo docente, del que forman parte cerca de 90.000 profesionales, y la Conselleria d'Educació, provocado por la aparición de la ley, se ha agudizado en los últimos meses con la promulgación del nuevo calendario escolar, que ha adelantado en una semana el inicio del curso. Los enseñantes, que se han incorporado a su puesto de trabajo el 1 de septiembre, como veían haciendo en años anteriores, aducen que esa reforma les perjudica porque disponen de menos tiempo para preparar el curso.

LAS RAZONES DE LOS SINDICATOS / El recrudecimiento de las críticas hacia la conselleria se puso ayer de manifiesto en las distintas comparecencias que las fuerzas sindicales realizaron ante los medios de comunicación con ocasión de la apertura del curso. Los sindicatos no ocultaron su voluntad de que el sector educativo tenga un especial protagonismo en la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre. Razones, según ellos, no les faltan.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Catalunya, Montserrat Ros, se refirió al recorte de plantillas y al deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado. De acuerdo con los datos que maneja el sindicato, «hay un déficit de 2.000 profesionales». CCOO cargó también contra la «improvisación» a la hora de poner en marcha el plan de digitalización de las aulas (introducción de ordenadores y libros electrónicos), al que atribuyen que «las facturas de electricidad de los centros se incrementen de manera espectacular».

La máxima responsable de FETE-UGT en Catalunya, Roser Font, argumentó que «en los centros públicos, todo hace pensar que un buen número de aulas estarán, un año más, superpobladas» como consecuencia de la contención en la contratación de profesorado. Este sindicato, que se ha mostrado en los últimos años especialmente beligerante con el conseller Ernest Maragall a pesar de su parentesco con el PSC -la formación política a la que pertenece el titular de Educació-, habló en un comunicado de recorte de personal «puro y duro», que afecta especialmente, según el texto, a las escuelas rurales.

DESIGNACIONES MÁS RÁPIDAS / Pese a lanzar sus diatribas contra el nuevo calendario, UGT reconoció que «se ha hecho un esfuerzo [por parte de Educació] para avanzar los nombramientos [de profesorado]». El adelantamiento de la fecha de inicio del curso ha forzado a la conselleria a agilizar el proceso de designaciones para cubrir las vacantes que se registran todos los años al final del año académico tras el baile de movimientos de la plantilla estable. Fuentes de Educació destacaron que las más de 7.500 plazas que se habían cubierto hasta ayer equivalían al mismo número de nombramientos que se producían otros años a lo largo de todo el mes de septiembre.

La merma de salario, no obstante, ocupó un lugar central en las declaraciones sindicales previas a la apertura de los centros. Los sindicatos hicieron especial hincapié en la dudosa legalidad de la aplicación del recorte del 5% en la concertada, que han recurrido ante los tribunales.

La fuerza sindical que cuenta con más respaldo en el sector concertado, USOC, cree que se trata de «una medida injusta, pensada para el personal de las Administraciones públicas y que se ha extendido a la privada, puesto que no se parte de unas condiciones laborales de igualdad». Los salarios de la concertada son algo inferiores a los de la pública.