El Govern exigirá a los profesores universitarios el nivel C de catalán

El Govern se dispone a aprobar, en la última recta de la legislatura, un decreto que obligará al profesorado de las universidades públicas y privadas de Catalunya a acreditar que dispone del nivel C de catalán a la hora de ser contratado. El anuncio, realizado ayer por sorpresa en TV-3 por elconsellerd'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet (ERC), viene a poner a fin a un largo proceso, iniciado a partir de la aprobación en el 2003 de la ley catalana de universidades (LUC), en el que las dudas legales, primero, y las resistencia de algunos rectores, después, han demorado la aprobación de una norma de esas características. Salvados, aparentemente, los escollos legales, esta vez, y tras la suavización del texto, los rectores habrían alcanzado «un consenso de mínimos», según las fuentes consultadas, para dar su visto bueno al decreto.

La novedad del texto legal respecto al acuerdo del 2008 sobre reglamentación lingüística que las universidades y la Administración adoptaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que se halla en vigor y del que se descolgaron universidades como la Autònoma (UAB) y la Pompeu Fabra (UPF), radica en que la exigencia del certificado de nivel C se hace más laxa. Aunque, de entrada y por defecto, ese será un requisito para que un profesor sea contratado de forma permanente, ahora se permite a las universidades confeccionar una norma que exima de esa obligación en supuestos como el del personal dedicado exclusivamente a la investigación o que imparte la clase en una lengua extranjera.

CAPTAR TALENTO / Fuentes conocedoras del contenido del decreto han explicado que, además, «en casos justificados, las universidades podrán pedir al profesorado que va a ser contratado de forma permanente que demuestre su dominio del catalán con posterioridad». Se trata, según las mismas fuentes, de impedir que el filtro lingüístico «perjudique la captación de talento» procedente del resto de España y del extranjero, un de los argumentos que habían utilizado los rectores que disentían de la idea de exigir esa formalidad en el momento de la incorporación del profesor.

No obstante, aunque el criterio que prevalecerá será el de la universidad, habrá «un seguimiento» por parte del Govern de la política de excepciones, lo que no ha despejado todas las reticencias entre los rectores. El decreto impone, además, determinadas restricciones. En el caso de los profesores lectores, por ejemplo, que universidades como la UAB intentan atraer a través de campañas internacionales, la norma posibilitará que puedan impartir docencia durante dos años sin tener que demostrar su competencia en el dominio de la lengua catalana, pero si desean prolongar su estancia otros dos años, como es habitual, sí tendrán que hacerlo, según el texto que verá el Consell Executiu.

El rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, que preside la comisión de política lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya, admitió ayer que, entre los dirigentes universitarios, «hay quien cree que la norma se queda corta y otros la creen excesiva». «No todo el mundo está de acuerdo», reconoció, pero se ha podido alcanzar «un consenso de mínimos» .

GENEROSIDAD / Para Viñas, una política generosa de excepciones a la norma de pedir el certificado de nivel C de entrada, en el sentido que sean las universidades quienes se reservan la potestad de decisión, permite darle apoyo. «A nadie le interesa prescindir de gente valiosa», concluye, «y tal como había quedado el decreto cuando vimos el proyecto en la comisión, quedaba garantizado que eso no iba a ocurrir».

Los escollos jurídicos, que en el 2005 echaron al traste el proyecto de decreto del entoncesconseller Carles Solà (ERC), habrían ahora desaparecido. El informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha sido «muy favorable», según fuentes de laconselleria, tras los pronunciamientos favorables del CIC, al que se sometió el decreto a consulta en noviembre, el Instituto de Estudios Autonómicos, y un grupo de expertos en Derecho lingüístico.

Estos últimos han concluido que, a pesar de que el profesorado funcionario es un cuerpo estatal, «se le puede pedir que domine el catalán, como a los secretarios de los ayuntamientos, para evitar que se conculquen los derechos de los alumnos», señalan desde el departamento de Huguet. La normativa no tiene efectos retroactivos, o sea no es de aplicación para el profesorado que ya desarrolla su labor como docente en la universidad.