El ladrón de cobre que corte la luz o el teléfono será acusado de estragos

En ocasiones, 50 kilos de cobre son mucho más que 50 kilos de cobre. Sobre todo si son de cableado telefónico o eléctrico y han sido sustraídos de una instalación. Entonces, esos 50 kilos de cobre robado son una población entera sin luz o sin teléfono fijo o móvil, es decir, sin alarmas, sin internet, sin neveras, sin agua caliente y con un larguísimo etcétera de perjuicios. En otras ocasiones, son tramos de carreteras sin iluminar, campos que no se pueden regar o trenes que tienen que parar. La lista de consecuencias es extensa. En localidades como Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres, Els Hostalets d'en Bas y Flaçà pueden recitarlas de memoria tras haberlas sufrido varias veces.

El enorme perjuicio que esos robos causan a la población llevará a los Mossos d'Esquadra a intentar, siempre que sea posible, imputar por estragos a los ladrones de cobre, según han explicado a este diario fuentes de la policía de la Generalitat. La otra gran razón para imputar estragos a esos ladrones es la situación de vulnerabilidad en la que quedan esas poblaciones, en su gran mayoría pequeños núcleos aislados, al perder el suministro de luz o teléfono, sobre todo en el caso de que se produjera una emergencia.

La nueva estrategia responde a que los Mossos han establecido como una prioridad policial a nivel de toda Catalunya la lucha contra el robo de cobre. Además de establecer la imputación por estragos, se han reforzado las investigaciones y se han dado órdenes para aumentar la vigilancia en la franja horaria en la que actúan esas bandas.

ARTÍCULO 364 DEL CÓDIGO PENAL / Para la imputación por estragos, que aún no se ha llevado a cabo, la policía autonómica se basa en el artículo 346 del Código Penal, que castiga con penas de 10 a 20 años de cárcel «la perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental». El cambio de estrategia obedece a que los esfuerzos policiales que se están llevando a cabo no están sirviendo para poner coto a una modalidad delictiva que se ha disparado en el conjunto de España y en toda la UE.

Uno de los motivos es que las numerosas detenciones no sirven para poner fuera de circulación a esos delincuentes. Los números cantan. En lo que va de año, los Mossos han practicado 500 detenciones por robo de cobre y solo en 24 ocasiones los arrestos condujeron al ingreso en prisión. En la mayoría de los casos, al comparecer ante la justicia solo se imputa a los ladrones un delito de hurto y quedan en libertad hasta el día del juicio, al que casi nunca comparecen.

La intención es evitar que la sensación de impunidad se instale entre esos delincuentes y acabar con la variante rural del carterista multirreincidente de Barcelona.

Pero esa imputación de estragos no es fácil y no se podrá aplicar en todos los casos. La ley establece que debe haber «necesariamente un peligro para la vida o la integridad».

ACUMULACIÓN DE PRUEBAS /«Hay que trabajar mucho las investigaciones sobre esas bandas y sobre los efectos que ha causado el robo para despertar la sensibilidad de fiscales y jueces», comentan fuentes de los Mossos, que señalan la importancia de que las compañías afectadas –sobre todo Telefónica y Endesa–, los ayuntamientos y vecinos perjudicados se personen como acusaciones. Además, insisten a las empresas en que, además del coste del cable en sí, hagan una valoración del perjuicio tanto a la compañía como al usuario.

Igual que se hizo en Barcelona para conseguir el ingresoen prisión delTop 6, los seis carteristas más activos de la ciudad, los Mossos recopilan pruebas en coordinación con los fiscales sobre los grupos más activos. Se trata de demostrar que son bandas organizadas y jerarquizadas y que viven de ese delito.

La imputación es siempre más fácil cuando los ladrones son arrestados in fraganti. No obstante, muchas detenciones se producen cuando circulan con el cobre robado en una furgoneta. En esos casos, los sospechosos aseguran que lo han comprado o se lo han encontrado. La inculpación se complica y suele quedar reducida a un delito de hurto, que se salda con multa.

Las sentencias judiciales superiores a un año de prisión son rarezas. Dos individuos que en el 2008 fueron detenidos por sustraer 80 metros de cable de las farolas del Parc de l'Aigua de Lleida fueron condenados a seis meses de cárcel por robo con fuerza. Otro ejemplo es el caso de dos individuos que robaron 240 metros del cable de la vía del tren Madrid-Alicante y que fueron condenados a medio año de prisión. El juez calificó su acción de hurto en grado de tentativa.