TRIBUNALES

Fecsa debe pagar 10 millones por el gran incendio de Bages

El Supremo modifica solo la condena de un técnico y refrenda el resto del fallo

J. G. A.
BARCELONA

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La compañía Fecsa-Endesa deberá pagar 10,6 millones de euros a los afectados por el incendio que en julio de 1998 arrasó 17.781 hectáreas en la comarca del Bages. El Tribunal Supremo solo ha estimado el recurso presentado por el que era jefe de la zona de la eléctrica, Agustín Manuel López Rodríguez, que ha resultado ahora absuelto, pero ha ratificado el resto de la sentencia –incluida la condena al que era jefe de mantenimiento, Francesc Josep Archs– dictada por la Audiencia de Barcelona en el 2008 y la posterior del 2009 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La resolución confirma la pena a los dos incendiarios, a los que se atribuyen cuatro focos y a quienes se aplicó la eximente incompleta de alteración psíquica.

Las diferentes sentencias dictadas sobre este incendio recogen el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado en mayo del 2007 por el mal estado en que se encontraba la línea de alta tensión que cruzaba el término municipal de Aguilar de Segarra (Bages) y que originó un foco del incendio. Por ello, Fecsa-Endesa fue declarada responsable civil subsidiaria de los daños (si no pagan los condenados, lo hará la compañía).

EL TENDIDO ELÉCTRICO / Los magistrados consideran que el 18 de julio de 1998 los incendiarios condenados prendieron cuatro fuegos con un mechero, pero que el foco que se originó ese mismo día en Aguilar de Segarra, justo debajo de los cables de la línea de alta tensión, se declaró al producirse un arco eléctrico entre dos soportes y a raíz «del mal estado general de dicho tendido». Y, en particular, porque la instalación «estaba desprovista de descargadores o anillos de guarda que, de existir, habrían impedido la formación del arco eléctrico». Este era un requisito «obligatorio al cruzarse una línea telefónica, así como una carretera, con la red de alta tensión». Además, la línea era muy antigua –se remonta al año 1913–, tenía los cables de tierra cortados y las torres estaban oxidadas. Los agentes forestales habían interpuesto numerosas denuncias. El estado de la instalación era de «evidente abandono».