La ley prevé compensaciones pero no especifica la cuantía

La abolición de los toros aprobada ayer en el Parlament incluye la obligación para el Govern de «determinar la compensación económica» a los «titulares de derechos subjetivos» afectados por la modificación de la ley. Pero, aunque el nuevo texto sí especifica que las indemnizaciones deberán determinarse en un plazo de seis meses, no concreta en qué consistirán con exactitud.

Un estudio encargado por la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta de los Toros cuantifica entre 300 y 550 millones de euros el perjuicio para el sector de la prohibición, que entrará en vigor el 1 de enero del 2012.

Fuentes de CiU afirman, en cambio, que las compensaciones no deben superar el 10% de esa cantidad. Para los antitaurinos, incluso esa cifra sería excesiva. Según ellos, el progresivo declive de la fiesta hace que cada año tenga menos beneficios.

CADA AÑO MENOS ESPECTADORES Los festejos taurinos, o al menos los que se celebran en una plaza, son un espectáculo que anda de capa caída en Catalunya. Mientras que en el 2009 el número de corridas aumentó un 16,7% en el conjunto de España, en Catalunya descendieron en esa misma proporción.

Uno de los principales afectados –económicamente– será Pedro Balañá, dueño de la Monumental, la única plaza en activo en Catalunya. El empresario ya ha anunciado que tomará medidas legales para exigir las compensaciones que establece la ley. Él encarna la tercera generación de propietarios de la Monumental, aunque desde el 2007 la empresa Casa Matilla es la que se encarga de la gestión de la plaza. Aquel año circularon informaciones –desmentidas por los propietarios y parte de su entorno– de unas supuestas pérdidas de 24.000 euros por festejo.

Uno de los argumentos recurrentes de los defensores de las corridas de toros es que el espectáculo crea puestos de trabajo, un bien escaso que no debería ser destruido en época de crisis. Pero lo cierto es que las ganaderías catalanas apenas proveen a las corridas de la Monumental. Sus clientes principales son los ayuntamientos y asociaciones que organizancorrebous. Por eso no parecen excesivamente preocupadas por el impacto económico que pueda tener la prohibición. «Es más una pérdida moral», cuenta Pedro Fumadó,El Charnego, propietario de una de las ganaderías más importantes de Catalunya.

Algunos turoperadores ya han anunciado que piensan sumarse a las peticiones de indemnizaciones al considerarse afectados por la prohibición. El director de una agencia de viajes de Lloret de Mar afirma que, hasta ahora, con cada corrida llenaba cuatro autobuses de turistas hasta Barcelona, aunque reconoce que el negocio «era más rentable hace 15 años». Hoy, no todos quieren ir a los toros. «Los turistas se han sensibilizado», concluye.