Nuestro sistema sanitario público, pese a haber alcanzado un nivel alto de calidad, comienza a dar muestras de agotamiento; y eso no solo es debido a la escasez de recursos, sino también a la aparición de algunas tendencias que le inyectan presión. La primera es la conversión del ciudadano en consumidor: puesto que la Administración se hace cargo de todo, las puertas del sistema hierven más de lo que seria necesario. Otra tendencia, esta epidemiológica, es el aumento de personas con una o varias enfermedades crónicas para quienes el modelo sanitario no es lo bastante eficaz, debido a que para lograr una mejora en su calidad de vida sería precisa su implicación, además de apoyo social y atención continuada ajustada.
Como tercer elemento preocupante para el buen funcionamiento del sistema hay que destacar el incremento de ancianos en situación de fragilidad. No hace tantos años la gente de la tercera edad acababa sus días en casa, con muy poco apoyo médico. Ahora todo ha cambiado y parece justo que los ancianos gocen de la atención sanitaria moderna, pero de ninguna manera la respuesta del sistema tendría que ser el amontonamiento de estas personas en boxes de urgencias. El último parámetro que quiero remarcar es el coste de la sanidad en relación con el resultado obtenido en términos de calidad de vida. En los hospitales se llevan a cabo acciones terapéuticas extraordinariamente caras con fines paliativos, y todos nos preguntamos cuál es el límite del ensañamiento terapéutico. Pese a que el gasto económico sanitario del acompañamiento del final de la vida es una
exageración, no parece que la sociedad esté por abordar este tema.
Los sistemas sanitarios públicos (los que se pagan mediante impuestos, no pólizas, y son universales) se encuentran con dificultades para abordar los retos y las propuestas de copago empiezan a surgir, ni que sea para poner orden a las puertas del sistema. Pero el tema de fondo no es el copago, sino cómo implicar a los ciudadanos en su salud. Tomemos como ejemplo algunas mutuas privadas que establecen planes personalizados de salud con objetivos, que si los mutualistas los alcanzan, tienen reducciones. Este creo que es un camino que los sistemas públicos tendrían que abordar. Pese a que no disponen de pólizas, los gobiernos tienen, en cambio, formas de premiar o punir fiscalmente a los ciudadanos. Sé que esta es una propuesta innovadora (aún no probada en ninguna parte), pero se tiene que admitir que si se aborda la cuestión de la implicación de cada ciudadano en su propio plano de salud, o en su plano terapéutico si lo requiere, con instrumentos más potentes (económicos por supuesto) que los bienintencionados consejos médicos, sería una manera resolutiva de preservar la accesibilidad realmente justificada al sistema sanitario público.