Las autonomías del PP se rebelan contra la aplicación de la ley del aborto

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con Murcia y Navarra a la cabeza, han manifestado hoy su oposición a aplicar en sus territorios la nueva ley del aborto, que ha entrado hoy en vigor.  El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que "no hay razones para acatar" la ley del aborto puesto que ésta "todavía no está en su punto y final", debido a que el Tribunal Constitucional (TC) no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.

Valcárcel, que ha anunciado que Murcia no aplicará la nueva ley, ha recibido el apoyo de su partido. La portavoz de política social del PP, Sandra Moneo, ha asegurado que las autonomías que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo" para dar a las mujeres "toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos, aunque ha advertido de que ese esfuerzo en ningún caso irá dirigido a plantear el aborto como "alternativa" ante un embarazo no previsto.

También Navarra y Madrid

Desde Navarra, el consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, ha afirmado que la práctica de abortos en Navarra "va a seguir siendo el mismo", es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud, María Kutz.

También la Comunidad de Madrid es reticente a la norma. El consejero de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, ha advertido de que, a pesar de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno autonómico va a continuar como hasta ahora y "va a proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios". El consejero ha calificado el día de hoy de "muy triste" para todos los españoles que están en contra de esta ley.

En Valencia, la portavoz del Gobierno que preside Francisco Camps, Paula Sánchez de León, ha manifestado que lo conveniente habría sido dejar en suspenso la nueva ley hasta que el Constitucional se pronuncie. El Ejecutivo valenciano estará "a la espera" de la resolución del recurso por parte del alto tribunal y respetará su dictamen, aunque su posición es "desfavorable", según ha apuntado Sánchez de León

La Federación de Mujeres Progresistas ha criticado la decisión de Valcárcel. Su presidenta, Yolanda Besteiro, ha considerado "muy grave que el presidente de una comunidad autónoma no aplique una ley aprobada por el Parlamento" pues "no es libre" para hacer tal cosa. "España es un Estado de derecho en el que existe separación de poderes", ha recordado. A juicio de la federación, "no es potestad (de Valcárcel) determinar si se puede aplicar o no una ley, pues para eso están los órganos judiciales".

"Sin problemas"

Ajeno a esta oposición, el Gobierno ha manifestado su confianza en que la norma se aplicará en todas las autonomías "con toda normalidad" y "sin mayores problemas". Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, han defendido la nueva ley del aborto porque, a su entender, está destinada a prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos. Ambos, así como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se han mostrado convencidos de la constitucionalidad de la ley y han subrayado que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales.

Con la reforma de la ley, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.

Entre los colectivos críticos con la nueva norma, destacan el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha estimado que la discapacidad "nunca" puede ser un hecho relevante que permita o determine "tratos desiguales a los derechos" y ha tachado la norma de discriminatoria, y la Organización Médica Colegial (OMC), que ha vuelto a criticar que la ley otorgue exclusivamente al médico la responsabilidad de decidir si una menor de 18 años puede interrumpir su embarazo sin comunicárselo a sus padres si alega violencia familiar.