Dos religiosos de la Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca fueron imputados ayer por un juez de los presuntos delitos de abusos sexuales y maltrato habitual contra los residentes discapacitados de un centro que la orden regenta en Córdoba. Uno de los acusados es Manuel Ortiz, conocido popularmente como el hermano Manolo, que ejercía como director gerente de la residencia, que acoge a medio centenar de internos. Fuentes judiciales también dieron cuenta de la imputación de otro fraile de la misma congregación, que responde a las iniciales F. G., en este caso únicamente por un delito de abusos sexuales.
Este es el segundo episodio en 10 días en el que miembros de una congregación religiosa se ven implicados en un caso de abusos después de que los Carmelitas Descalzos de Castellón denunciaran el lunes de la semana pasada a un integrante de la orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
El juzgado de instrucción número 6 de Córdoba, que instruye la causa, dictó ayer mismo, como medidas cautelares, una orden de alejamiento que impide a los dos imputados acercarse a la casa familiar de la congregación y comunicarse con los residentes y con los trabajadores del centro, una orden que se hizo efectiva tras ser llamados a declarar por el juez, a lo que ambos, tras comparecer en las dependencias judiciales, se negaron, según las fuentes consultadas. La investigación continúa abierta a pesar de que se ha levantado el secreto sobre la instrucción del sumario. El abogado de la congregación religiosa informó de que «ambos religiosos se han tomado unos días de vacaciones», sin especificar si han sido trasladados a otro centro. Asimismo, el letrado declinó hacer declaraciones sobre las consecuencias internas derivadas de esta acción judicial.
DENUNCIA ANÓNIMA / El origen de la investigación, según fuentes de la fiscalía, es una denuncia anónima, que podría partir de un grupo de padres de residentes de la casa familiar. La denuncia vino a sumarse a la investigación abierta en el mes de octubre del 2009 contra un colaborador externo del centro, que está acusado de un delito de abusos sexuales por el que ingresó en prisión y cuya instrucción continúa de forma paralela a la del caso de los religiosos.
Fuentes de la comisaría provincial de Córdoba explicaron que la investigación fue iniciada por la Brigada de la Policía Judicial, que puso en conocimiento de la fiscalía los indicios de delito, a partir de los cuales se abrió la instrucción, que puede dar lugar a nuevas imputaciones. Hasta la fecha, han declarado ante el juez trabajadores del centro, padres y otros testigos relacionados con la causa.
El centro para discapacitados de los Hermanos de la Cruz Blanca se convirtió ayer en punto de encuentro para numerosos medios de comunicación, lo que provocó la inquietud de los trabajadores, que se mostraron sorprendidos al conocer la imputación de los dos religiosos, si bien intentaron mantener la normalidad cara a no perturbar a los internos del centro.
Mientras la dirección de la entidad prefirió no hacer declaraciones, los vecinos de la zona no se ponían de acuerdo sobre si la imputación «se veía venir» o no tras el caso de presuntas vejaciones destapado hace unos meses.
PRUDENCIA Y SILENCIO / Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de los Hermanos de la Cruz Blanca, Miguel Ángel Caracuel, que en octubre, al conocerse la imputación de un trabajador externo por abusos sexuales, propició una reunión con responsables y miembros de la entidad para recibir información de primera mano y tomar una posición al respecto, optó ayer por la prudencia y el silencio, a la espera de conocer los detalles del caso.
Abrumado por el desarrollo de los acontecimientos, prefirió no hablar. «He estado todo el día trabajando y no tengo información suficiente para dar mi opinión sobre el tema», señaló.