España bloquea la directiva europea de 'turismo sanitario'

España consiguió ayer su objetivo de bloquear la propuesta de directiva ultraliberal de asistencia médica transfronteriza en la Unión Europea (UE), que implicaría un sobrecoste para las arcas públicas de 2.000 millones de euros anuales y que comprometería el modelo español de asistencia sanitaria gratuita universal, según el Ministerio de Sanidad.

El proyecto pretende garantizar el derecho al turismo sanitario de los ciudadanos de la UE para que puedan ir expresamente a otro país para recibir un tratamiento médico de su elección y luego obtener su reembolso de la Administración del Estado donde residan. El plan quiere complementar la actual legislación europea que garantiza a los ciudadanos el derecho a recibir atención sanitaria en otro país comunitario cuando se han desplazado allí por turismo, trabajo o cambio de residencia y que España considera que funciona correctamente.

MINORÍA DE BLOQUEO / Tras una tensa negociación en el Consejo de Ministros de Sanidad de la UE, España, Portugal, Polonia, Rumanía, Grecia, Lituania y Eslovaquia impidieron la aprobación del texto, impulsado por la Comisión Europea y la presidencia semestral sueca de la UE.

«No se puede tratar la asistencia sanitaria como si fuera una mercancía más», criticó la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez, tras concluir la reunión. «La propuesta no tiene sentido desde el punto de vista social y solo beneficia al 1% de la población con mayores recursos económicos», añadió Jiménez.

España, que asumirá a partir de enero la responsabilidad de encontrar un consenso sobre el controvertido proyecto legislativo, dejó muy claros cuáles eran sus puntos innegociables. En primer lugar, exigirá que para tener derecho al reembolso del tratamiento en el extranjero deba existir una autorización médica previa del sistema nacional de salud del país de residencia.

CENTRO CONCERTADO / El tratamiento deberá realizarse en un centro concertado con el sistema público, precisó Jiménez. «Si las intervenciones en una clínica privada en España no se reembolsan, ¿por qué habría que hacerlo por una intervención en una clínica privada en el extranjero?», argumentó la ministra.

El Gobierno, finalmente, rechaza tener que financiar las intervenciones fuera de España de los residentes extranjeros, como pretende el proyecto, y exige que esos costes sean asumidos por el país de origen. «Es inaceptable que los países exportadores de pensionistas se liberen de esos costes sanitarios para descargarlos sobre el país de acogida», destacó Jiménez. «El proyecto va contra el derecho exclusivo que tiene cada Estado de organizar su servicio sanitario», añadió la ministra.