Imputado un teniente coronel de la Guardia Civil en una red de narcos

La orden de prisión --que eludió con fianza-- del teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio, dictada ayer en los juzgados de Martorell (Baix Llobregat), reactivó los últimos coletazos de una compleja instrucción que comenzó en enero del 2005 con el robo de 400 kilos de coca de un contenedor del puerto de Barcelona. Hace dos años, el impulso de dos fiscales anticorrupción derivó en una investigación que permitió la desarticulación de una banda organizada liderada por un delincuente que desde finales de los 90 presuntamente contó con la colaboración de guardias civiles, expolicías nacionales y abogados para traficar con droga y robar a otros traficantes. Durante la tarde, noche y madrugada de ayer desfilaron por el juzgado número 3 de Martorell otros nueve acusados de formar parte de la red. El teniente coronel, que pagó los 12.000 euros de la fianza al instante, está acusado de formar parte activa de la organización.

López Rubio, en activo en la comandancia de la Travessera de Gràcia de Barcelona en el servicio de intervención de armas, abandonó los juzgados cubriéndose el rostro. El teniente coronel es el oficial de mayor graduación implicado en esta trama de presunta corrupción policial. Junto al oficial declaró también el que era capitán del puerto cuando la droga desapareció, que quedó en libertad. Los investigadores no le imputan pertenencia en la red, sino una actuación "negligente o intencionada" como superior del puerto cuando ocurrió el robo. Un exinspector jefe de la Policía Nacional que también fue acusado de participar en la trama (su hermano está asimismo imputado por este asunto) quedó en libertad tras pagar 3.000 euros. Otros cuatro guardias civiles, dos abogados y un periodista, todos imputados, declaraban anoche al cierre de esta edición.

ALERTA DE LA DEA

Las investigaciones se remontan a finales del 2004, cuando la DEA, la agencia antidroga norteamericana, alertó del envío desde Venezuela de un contenedor con una gran cantidad de cocaína oculta entre gambas. Pese a las advertencias de las autoridades estadounidenses, el contenedor fue violentado en dos ocasiones en enero del 2005. Y la droga se esfumó.

Año y medio después, fueron detenidos dos conocidos delincuentes, confidentes de policías y guardias civiles --Javier Segura, Trapero, y Daniel Ribelles, el Bolo--, acusados del robo. El Área de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil de Catalunya prosiguió las investigaciones y elaboró un informe en el que implicaba a varios guardias civiles, un exinspector jefe de la Policía Nacional y un agente municipal. Y los acusaba de mantener una relación con los delincuentes que superaba la que se entiende que deben tener un policía y un confidente. Afirmaba que pasaban información policial a cambio de dinero e incluso que facilitaban datos de otros traficantes para marcarlos como objetivos de sus robos.

Pese a la información recabada por los investigadores, el caso permaneció más de un año y medio paralizado en el juzgado de Martorell. Dos hechos cambiaron las tornas en enero del 2008. En Francia se condenó a dos traficantes con parte de la droga del puerto. A ello se añadió la declaración de un arrepentido, Antonio Serrano, alias Gaucho, que aportó nuevos datos que implicaban nuevamente a los funcionarios policiales.

La información de Serrano despertó la curiosidad de dos fiscales anticorrupción de Barcelona, que repasaron toda la instrucción que se había realizado hasta ese momento. Entendieron que había elementos "más que suficientes" para proseguir, solicitaron a la jueza de Martorell un nuevo secreto de sumario y dirigieron personalmente una investigación de la que en breve se levantará el secreto de sumario. Para recabar datos, los fiscales mantuvieron a la Guardia Civil como policía judicial y en los últimos meses solicitaron que la investigación del periodista la llevaran a cabo los Mossos d'Esquadra.

Hasta ayer y por esta causa permanecen en prisión cuatro guardias civiles y tres delincuentes comunes. Los investigadores sostienen que Trapero era el cerebro de la red, y el Bolo, su lugarteniente, y que con ayuda de otros delincuentes también imputados consiguieron ganarse los favores de estos funcionarios policiales, que acabaron formando parte de la trama.

A pesar de que las investigaciones comienzan con el robo de la cocaína del puerto de Barcelona, las últimas indagaciones han hecho sospechar que el teniente coronel López Rubio toleró --cuando era jefe de la comandancia de Manresa-- que guardias civiles de la policía judicial de Mollet que dependían de él colaboraran activamente con narcos. Lo que acabó haciendo él mismo. Unos hechos que la fiscalía sitúa entre finales de los 90 y el 2005, año del robo.