CORRUPCIÓN
Santa Coloma no firmó ningún contrato con la empresa Efial, investigada por corrupción
El Ayuntamiento emite un certificado para demostrar que no existe vinculación alguna con la consultoría que centra la operación Térmyca
Santa Coloma de Gramenet quiere borrar de su imagen el sello de la corrupción que le ha marcado durante años a raíz del caso Pretoria. Por eso, ante de la presunta trama corrupta entre ayuntamientos catalanes y la consultoría Efial, el consistorio ha revisado todos los contratos desde el 2007 para comprobar que no se ha realizado ninguna actividad con dicha empresa.
En un breve comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Santa Coloma, liderado por la socialista Núria Parlon, ha afirmado que ni existe ni ha existido ningún contrato con la empresa Efial entre los años 2007 y 2016, período de actividad de la empresa. La consultoría se encuentra en el epicentro de la operación Térmyca, en la que se acusa a Efial de haber blanqueado dinero mediante contratos con consistorios de Catalunya y la Comunidad de Madrid.
El certificado emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento no quiere dejar lugar a especulaciones ni acusaciones, a raíz de la pregunta que el grupo municipal de Ciudadanos planteó en el pleno municipal, para saber si el consistorio había firmado cualquier contrato con Efial, que generó un gran debate en las redes sociales.
EL PSC CONTRAATACA: "LA ACUSACIÓN ES UNA IRRESPONSABILIDAD"
Es precisamente en este espacio virtual donde el PSC de Santa Coloma contestó a los naranjas y les acusó de “sembrar sombras aprovechando que algunos ayuntamientos españoles están siendo investigados”, un hecho que consideran “irresponsable” y que, según afirman, “está basado en la demagogia y el aprovechamiento de la actualidad política”.
Las acusaciones no son gratuitas, ya que la corrupción ha rodeado Santa Coloma desde que estalló el caso Pretoria en el 2009 hasta ahora. Justo la semana pasada, la justicia determinó que Santa Coloma no había cometido ningún delito por enchufismo en el nombramiento de cargos directivos, tal como lo había denunciado la Delegación del Gobierno en Catalunya.
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