La Abogacía del Estado demanda al Ayuntamiento de Santa Coloma por enchufismo

La Abogacía del Estado ha presentado una demanda en el juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Barcelona para que "declare nulo, anule o revoque y deje sin efecto" el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma por el cual nombró como personal directivo eventual sin concurso a 12 directores y coordinadores.

Según la información, conocida a raíz de que el sindicato del consistorio colomense ADT hizo pública la demanda, se aprobó el nombramiento "sin publicitar las plazas para que pudiesen presentarse candidatos".

En el pleno del pasado 16 de julio, el PSC, con mayoría absoluta, votó a favor del nombramiento de 7 directores y 5 coordinadores que están desempeñando funciones que serían propias de funcionarios públicos "y que solo pueden ser desempeñadas por funcionarios de carrera", afirma ADT.

Por su parte, el PP se abstuvo, mientras que SOM Gramenet, ICV-EUiA y Ciutadans votaron en contra. En la demanda de la Abogacía del Estado se indica que el recurso contencioso administrativo se centra "en una cuestión netamente jurídica sobre la compatibilidad del nombramiento de personal eventual para puestos de trabajo de carácter directivo".

El sindicato ADT ha señalado que "los grandes damnificados" son los funcionarios del Ayuntamiento, ya que "con estas prácticas se les limita su legítimo derecho a la promoción y a poder aspirar a un puesto mejor o de responsabilidad".

Asimismo, ADT considera que "también resultan claramente perjudicados los funcionarios interinos que tienen menos posibilidades de intentar opositar para obtener una plaza en propiedad".

Por su parte, SOM Gramenet ha manifestado que "en cierta medida, la demanda se queda corta ya que esto lleva tiempo haciéndolo el gobierno socialista de la ciudad, que es seleccionar la normativa con una dudosa interpretación jurídica para colocar cargos a dedo sin que sean funcionarios de carrera".

El portavoz del grupo municipal de Ciutadans, Dimas Gragera, que en su momento ya se opuso al nombramiento de estos 12 cargos, ha lamentado "la falta de transparencia" del gobierno municipal, que conocía la existencia de la demanda desde el pasado enero "y no ha dado ninguna explicación en una sesión plenaria". Gragera ha solicitado que "se informe de qué costes económicos tendrá para las arcas municipales si la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado se pierde".

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