A la espera de la tarjeta sanitaria completa

El acceso a la sanidad pública española está marcado por dos hitos que ya forman parte de la historia, uno positivo y otro negativo. El primero sucedió en 1986, cuando el entonces ministro de Sanidad, Ernest Lluch, elaboró, y fue aprobada, la primera ley general de sanidad española, que convirtió en un derecho ciudadano, individual, el acceso a todos los recursos de que dispone el sistema sanitario público. Catalunya había asumido esa competencia en 1985, al igual que hicieron el resto de comunidades en años posteriores. Madrid fue la última en asumir la gestión y ejecución de su asistencia sanitaria, en el 2001.

El segundo punto destacable en esta historia, muy negativo, ocurrió en abril del 2012, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto 16/2012 elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, que vinculó el derecho a la sanidad pública con la situación administrativa de los ciudadanos, de forma que quedaron excluídas de la misma todas las personas que vivían en España en situación irregular, fundamentalmente, ciudadanos extracomunitarios sin permiso de residencia ni trabajo estable. En 24 horas, 890.000 personas perdieron su derecho a ser atendidos en un centro sanitario público y gratuito.

INFECCIONES Y HUMANIDAD

Para evitar que los procesos infecciosos transmisibles quedaran fuera de control, y por razones humanitarias, la Conselleria de Salut, que dirigía Boi Ruiz, optó en el 2015, por instaurar una credencial sanitaria excepcional, sin validez en el resto de España, que permitió recuperar su derecho a la sanidad pública a 137.000 personas que residían, y residen, en Catalunya en situaciones administrativas de todo tipo, con y sin papeles o trabajo estable. Esta credencial catalana mantiene un requisito de acceso: estar empadronado como mínimo tres meses en un domicilio situado en Catalunya. En ese trimestre de carencia, los usuarios pueden acceder a los servicios de urgencias, a las vacunaciones y a los programas de prevención y tratamiento del VIH/sida o de drogodependencias.

El actual titular de Salut, Antoni Comín, se ha propuesto acabar con el citado trimestre de vacío asistencial, devolviendo la condición de derecho individual el acceso a la asistencia sanitaria pública. Con tal objetivo, el Govern de la Generalitat aprobó el pasado noviembre el proyecto de ley de acceso universal a la salud, que en la actualidad se encuentra en periodo de debate parlamentario. Esta ley facilitará el acceso inmediato a la tarjeta sanitaria individual (la misma que el resto de ciudadanos) a todos los residentes en Catalunya, sea cual sea su situación administrativa y con independencia del tiempo transcurrido desde su llegada. Con esta iniciativa Comín pretende eliminar el vacío asistencial que aún persiste, una circunstancia que, han advertido desde Salut, aunque no afecta a muchas personas, siempre coinciden en afectar a individuos en circunstancias difíciles, por eso mismo merecedores de atención sanitaria ágil.

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