La ley catalana del medicamento enturbia la candidatura farmacéutica de Barcelona

Una de las condiciones, no escrita pero obvia, que subyacen en el proceso de elección de la futura ubicación de la Agencia Europea del Medicamento (AEM), ahora situada en Londres y cuya sede aspira a acoger Barcelona en la Torre Glòries, es que esta estratégica institución, que habrá de abandonar el Reino Unido como consecuencia de la salida de ese país de la Unión Europea (UE), no se traslade a otro Estado cuya situación política equivalga al 'Brexit'. "Que la AEM no vaya de un 'Brexit' a otro 'Brexit'", sintetizó en su momento una fuente de la AEM.

Este requisito implícito, no obstante, ha quedado comprometido para la candidatura de Barcelona desde que, el pasado 1 de agosto, una de sus instituciones impulsoras, el Gobierno catalán, aprobó el proyecto de ley de creación de la Agencia Catalana de Medicamentos y Productos Sanitarios, un organismo encuadrado en las estructuras de Estado diseñadas para administrar una eventual Catalunya independiente -el proyecto más ambicioso en materia sanitaria-, preparada para asumir las competencias de su homóloga española, la Agencia Española del Medicamento, si esta se las cediera.

Potentes competidores

Aunque las instituciones implicadas en traer la AEM a Barcelona -Generalitat, ayuntamiento y Gobierno central- eluden conceder importancia a la existencia de la ley catalana, que entrará en vigor en el momento en que la apruebe el Parlament, es evidente que la norma está contribuyendo a la contaminación política de un proceso electoral en el que, dada la trascendencia económica, política y científica de la entidad que está en juego, cuenta con abundantes y potentes competidores. Milán, Viena, Copenhague o Amsterdam, entre las más destacadas.

La elección se producirá en Bruselas el próximo 20 de noviembre, en un medido intercambio de equilibrios comunitarios que protagonizarán los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros. La candidatura de Barcelona la defenderá el presidente Mariano Rajoy.

"En el momento en que el Parlament apruebe la ley catalana del medicamento, el Gobierno español la recurrirá, porque las competencias en esa materia residen en la Agencia Española del Medicamento", ha asegurado a este diario Belén Crespo, directora de la agencia estatal. Los motivos que llevaron a la Generalitat a aprobar en un periodo tal sensible la citada ley se circunscribieron en su momento al calendario general del proceso hacia la independencia. La Conselleria de Salut ha rehusado este martes añadir nuevos argumentos.           

"Estamos preparados para tener una agencia que sea capaz de unificar todo el ciclo del medicamento en una sola institución", afirmó el ‘conseller’ de Salut, Antoni Comín, el pasado febrero, en la presentación del anteproyecto del texto catalán. "Esta ley nace en el marco competencial actual, autonómico, sin asumir competencias de la agencia española, pero nos prepara para asumir esa función al completo", añadió Comín. El proyecto de ley aprobado en agosto recoge la principal función de la agencia española, como es la autorización de nuevos medicamentos, en este caso para el mercado catalán.

"La estabilidad política de los países candidatos no influirá en la elección de la AEM"

"Catalunya no tiene competencias para la autorización de medicamentos por lo que la ley catalana, si llega a aprobarse, quedará automáticamente sin contenido, será un mero título –añadió Belén Crespo-. La candidatura de Barcelona para acoger la AEM no peligra por este motivo. Tenemos de nuestro lado a toda la legislación comunitaria".

Tampoco en el comité del Ministerio de Sanidad que impulsa la candidatura barcelonesa expresan inquietud por este tema. "En Catalunya no va a haber ningún 'Brexit'", reitera una fuente de la candidatura. "El ordenamiento jurídico español no permite más agencias que la estatal –añaden-. La estabilidad política de los países candidatos no es un requisito para acoger la AEM. Esto no influirá en la decisión". Y citan como ejemplo el antieuropeísmo emergente en Holanda y Austria, dos países candidatos.