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Juzgados

Confirman el archivo de la causa contra el propietario de las clínicas dentales Funnydent

La magistrada responsable del caso considera que a pesar de existir una "pésima gestión empresarial" no se produjo un "delito penal"

El cierre de una decena de centros afectó a pacientes de Sabadell, Mataró y Madrid

Confirman el archivo de la causa contra el propietario de las clínicas dentales Funnydent

ACN

Pancartas de protesta en la clínica Funnydent de Mataró.

ACN / SABADELL

Sábado, 10 de junio del 2017 - 11:18 CEST

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero en Madrid ha desestimado los recursos interpuestos por varios afectados contra el archivo del caso de las clínicas dentales Funnydent, al entender que no existió ningún delito de estafa por parte del único administrador de los negocios, Cristòbal López.

En un auto, la juez responsable del caso confirma la sentencia del 22 de febrero y rechaza las peticiones de diversas partes personadas en el conflicto de continuar la causa penal. La magistrada considera que de las diligencias practicadas se desprende que existió una “pésima gestión empresarial” por parte del investigado, pero no ve “indicios de delito penal”.

La justicia entiende que López no diseñó el negocio para estafar ni cobró anticipadamente el dinero de los tratamientos de miles de pacientes para lucrarse y huir, sino que gastó mal los beneficios, no supo gestionar el negocio y, finalmente, él también se arruinó. “La gestión personalista del negocio, los acuerdos con financieras y el descontrol sobre el volumen de gastos, ha provocado una situación enormemente perjudicial para todos los afectados, pero también para el investigado, el patrimonio del cual se encontraba vinculado s su grupo empresarial”, indica el auto.

En este sentido, el juzgado considera que la resolución del archivo es “ajustada a derecho” porque “no hay indicios de delito penal”. En esta línea apunta que de los informes policiales y de la Tesorería General de la Seguridad Social se “desprende la existencia de una pésima gestión empresarial por parte del investigado.

Ahora los afectados pueden presentar un recurso de apelación delante de la Audiencia Provincial. Este caso implicó la presentación de 2.481 denuncias por parte de perjudicados, que declararon un perjuicio económico cercano a los 10 millones de euros. Así mismo, supuso el cierre de una decena de clínicas en Madrid, Sabadell y Mataró en enero de 2016. En total, se vieron afectados unos 3.000 pacientes y empleados.

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