En vía estrecha

¿Y ahora qué? Es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen tras la negativa del Congreso de los Diputados a transferir a la Generalitat la competencia para convocar una consulta. Y la respuesta es que los partidos favorables a la celebración de un referendo mantienen el guion previsto. Esto es, intentar hasta el último momento que el 9 de noviembre se pueda celebrar la consulta y, de no ser así, acordar cuál es la estrategia a seguir a partir de esa fecha. En el horizonte planea una convocatoria electoral, pero, pese a que es una potestad del president, el propio Artur Mas se ha comprometido a convocar a las fuerzas soberanistas para que, en aras a preservar la unidad, la decisión se adopte de manera conjunta, como ya se hizo con la fecha de la consulta y la fórmula de la pregunta.

A preguntas de EL PERIÓDICO, en lo que coinciden la mayoría de dirigentes de estos partidos es en que es bastante improbable que el Ejecutivo del PP haga una contraoferta, y lo que prácticamente descartan es que, llegado el caso, sea lo bastante atractiva como para tomarla en consideración.

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En el Govern interpretaron la «dureza» del discurso de Mariano Rajoy en el debate del pasado martes como una prueba de que no tiene ninguna voluntad de abrir un diálogo franco. «A diferencia del Tribunal Constitucional que en su sentencia [sobre la declaración soberanista del Parlament] hizo un esfuerzo por buscar la unanimidad y ofrecer una pista de aterrizaje hablando del diálogo y el derecho a decidir, Rajoy no intentó buscar ningún punto de encuentro», explica el conseller de la Presidència, Francesc Homs. El portavoz es de los que cree que, pese a las especulaciones, el PP no moverá ficha tras las elecciones europeas. Tampoco es optimista respecto a las posibilidades de explorar una reforma constitucional: «Solo nos la podríamos tomar en serio si PP y PSOE nos presentan una propuesta».

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La condición

Escuchando a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, parece evidente que  el escepticismo del Govern está justificado. Los populares no tienen entre sus planes abordar la reforma de la Carta Magna porque entienden que no es el momento y menos si la modificación es para dar respuesta a la «presión de los nacionalistas» y no se sienten nada presionados por fotografías como la protagonizaron esta semana el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida.

«No habrá una reforma para dar solución al desafío que plantean los que pretenden la ruptura de España», advierte Camacho, quien insiste en que Mas debe rectificar (que para el PP es sinónimo de olvidarse de la consulta). Solo así, sin el referendo sobre la mesa, Rajoy aceptará reunirse con el president. No parece, pues, que la presión de los sectores empresariales que apelan a ambas partes para que se sienten a negociar esté dando frutos.

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Así que, mientras, uno y otro siguen con sus respectivos planes. Mas diseñando el paraguas legal para la consulta y Rajoy preparándose para frenarla política y, sobre todo, jurídicamente. Es lo que el líder de CiU describió el viernes como una «pared granítica» construida para evitar que los catalanes voten qué encaje prefieren para Catalunya.

Los planes

En unos días volverá a reunirse la ponencia parlamentaria que redacta la ley de catalana de consultas y cuya aprobación está prevista para el mes de septiembre. Una de las dudas es saber si el PSC acabará apoyándola. En el almuerzo que Mas y Pere Navarro mantuvieron hace dos semanas en el Palau de la Generalitat se evidenció que los socialistas no se niegan, de entrada, a apoyarla, y que CiU y PSC estaban dispuestos a desencallar, de una vez, la redacción de la ley electoral. Algunos juristas consideran que para celebrar la consulta es imprescindible disponer también de esta norma y así asegurarse que existe una Junta Electoral de Catalunya que actuará como árbitro.

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Navarro reconoce que, en el caso de la ley de consultas, sus votos pueden estar condicionados por «el uso» que se haga del texto. La intención que tiene el Govern es que una vez aprobada, con el mínimo margen de tiempo, el president firme el decreto de convocatoria del referendo.  Los partidos favorables a la consulta dan por hecho que Rajoy buscará el amparo del Tribunal Constitucional para frenarlo, aunque, según Homs, tal vez no sea tan fácil lograrlo. Sin querer enseñar sus cartas, subraya que, si al final el alto tribunal debe dirimir sobre la ley de consultas, no tiene por qué hacerlo en el sentido que espera el PP.  Y recuerda que, además de la jurisprudencia española, existe también la europea.

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En CDC insisten en que, en una consulta (improbable) o en unas elecciones (adelantadas y, en la medida de lo posible, plebiscitarias) los catalanes dirán qué quieren. «Y si no, nos tendremos que ir todos a casa», resume, a modo de conclusión, un estratega de Convergència.