El Periódico

30 ANIVERSARIO DEL ATENTADO

Hipercor, la versión que los políticos no cuentan

30 años del atentado de Hipercor. Lo que los políticos no dicen.

MONTSERRAT COMESAÑA

30 años del atentado de Hipercor. Lo que los políticos no dicen.

El lunes se cumplen 30 años del atentado con coche bomba de ETA en el Hipercor de Meridiana. Las familias de los 21 fallecidos y la mayoría de los 45 supervivientes hablan de olvido institucional.

Domingo, 18 de junio del 2017

Treinta años después del atentado de Hipercor, las familias de los fallecidos y los que sobrevivieron hablan de una segunda muerte. La asestada por el olvido institucional. En los primeros días –y a poder ser ante las cámaras– las autoridades los bombardearon con sus "estamos-aquí-para-lo-que-necesitéis". A los 174 días de la masacre, en diciembre de 1987, la revisión forense de los heridos graves determinó que estaban todos "curados". Y a partir de ahí, que cada cual demostrara que sus trastornos futuros eran consecuencia del atentado. Nadie les llamó, nunca.

Por otra parte, quedan por localizar tres víctimas que aparecen en la sentencia de 1989 –Agustina Fita, María del Carmen Villaronga y Martín Franco–, y aún colean una decena de expedientes sin resolver. Dos ejemplos: 1/ el de Alberto Izquierdo, herido leve, localizado el 6 de junio del 2015 –hace solo dos años– en un albergue de Lloret en situación precaria. Interior lo reconoce, pero no lo indemniza. "Es que las víctimas salen de debajo de las piedras", se justifican. Y 2/ el del bebé que llevaba en el vientre María Teresa Daza, muerta junto a su marido, Rafael Morales, ambos de 33 años, y que el PP (el mismo que sostiene que "la vida empieza en el momento de la concepción") no reconoce como víctima.

ÁNGELES GUARDIANES

La sensación de desamparo habría sido monumental de no ser por la formidable red de apoyo capitaneada por una de las víctimas, Robert Manrique, el carnicero del súper que había cambiado el turno a un colega y que cortaba lomo para libritos cuando estallaron los 30 kilos de amonal. En la unidad de quemados del Hospital de Vall d'Hebrón ya pensó en los 'otros'. Y al volver al trabajo, los 'otros' acudieron a él. La extensión 151, la de la carnicería de Hipercor, no paró de sonar. Era el único localizable.

"Entonces era tremendamente difícil acceder a las víctimas. Las autoridades no informaban", explica Juan Antonio Corredor, guardia civil herido en el primer atentado con coche bomba en Madrid (1985) y en aquel momento gerente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que empujó a Manrique a ser el delegado en Catalunya. A la que pudo, montó oficina en su piso.

Mientras, y desde el primer momento, en el Col.legi d’Advocats de Barcelona Santiago Montaner y Juli de Miquel –en 1989 defenderían a las víctimas de Hipercor en el juicio penal–, previendo que habría heridos jóvenes, pensionistas y gente en paro, se activaron y llamaron a la abogada laboralista Montserrat Fortuny para que se arremangara. A ella acudió Manrique en nombre de un puñado de afectados y, en 1992, se sumó la psicóloga forense Sara Bosch, cuyos informes agilizaron la tramitación de una veintena de incapacidades. Los tres han sido –y son, hoy por libre– los "ángeles de la guarda" que no han fallado nunca, en opinión de la mayoría de víctimas.

EL SILENCIO DE LOS VICENTE-MANZANARES

Un ejemplo de lo que, a falta de sostén institucional, han asumido los tres es el caso de Núria Manzanares y Enric Vicente. El matrimonio tenía dos hijos, Sílvia y Jordi, de 12 y 9 años (Núria no lo sabía, pero estaba embarazada). Como ambos trabajaban, Núria delegó en su hermana, Mercedes, la tarea de acompañar a los niños a Hipercor a comprar material para las colonias. No regresó ninguno. Murieron por asfixia.

"Durante años escondieron sus sentimientos para no agrandar el sufrimiento del otro", explica Sara Bosch. Y subraya que cuando el dolor es causado por otro ser humano y con una intención clara de matar, las posibilidades de sufrir estrés postraumático se disparan al 40%. "En los primeros puestos del ránking están los padres de hijos asesinados", añade. Sin embargo, la herida psicológica no es inmediata. "No hay plazos para que se manifieste".

"El estrés postraumático, que afecta en especial a los padres de hijos asesinados, no se manifiesta de forma inmediata", subraya la psicóloga Sara Bosch

Pese a los esfuerzos de los Vicente-Manzanares por estar bien, la carcoma estaba ahí, agazapada en su silencio. Imposible dejar de imaginar una y otra vez lo que vivieron sus hijos mientras ellos, probablemente, reían algún chiste o miraban el cielo de junio. Difícil dejar de preguntarse por qué ellos sí seguían vivos. "La constelación de pensamientos, emociones y ruptura de creencias es muy complicada de desmadejar", señala Bosch.

Núria y Enric cobraban pensiones ordinarias por incapacidad para el trabajo "por enfermedad común". Reclamar derechos por esa nueva secuela les metió en una trituradora legal.

"En el 2007 los atendí por separado –cuenta la abogada Fortuny–. A la luz del informe de Sara, determinamos que eran víctimas de atentado terrorista". Un caso se planteó en el Juzgado nº19 de Barcelona, y el otro, en el nº10. "En uno el recurso lo planteó el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en el otro, el Ministerio de Economía y Hacienda". ¿Por qué impugnaban la demanda? "La invalidez absoluta para el trabajo, que es el 100% del sueldo, corre a cargo de la Seguridad Social –explica Fortuny–, pero la pensión extraordinaria adicional es del 200% sobre el 100%, y el diferencial corre a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda".

Fortuny llevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que impugnó los dos recursos pero que, curiosamente, "en el caso de Núria se ratificó la pensión como extraordinaria y en el de Enric, no". Como eran marido y mujer, con invalideces permanentes absolutas por la misma causa, con dos sentencias de instancia favorables y unos argumentos contradictorios utilizados por el TSJC, la letrada planteó un recurso extraordinario de casación en el Supremo, justo cuando Pilar Manjón levantaba la voz sobre su situación tras el 11-M.

"Pese a ser los primeros en presentar el recurso de casación, nos hicieron esperar hasta resolver el de Manjón. Como la sentencia fue desestimatoria, quedó claro que solo serían víctimas de atentado terrorista las víctimas directas 'como consecuencia' y no 'con ocasión de' –matiza la letrada–. Es decir, una madre y un padre, aun devastados, al no estar en la escena, pasaron a no tener consideración de víctimas".

'ESTOY AQUÍ, ESTOY VIVO'

¿Otro ejemplo del desatino institucional? En su febril búsqueda, Manrique dio casi por chiripa con Jordi Morales, que a los 7 años se quedó huérfano de padre y de madre. Al ser menor cuando ocurrió el atentado, la indemnización recayó en sus abuelos. Hasta ahí todo bien. Pero en 1999 cambió la ley, hubo una revalorización de los importes y los políticos le dijeron que no tenía derecho a percibir ni un céntimo porque no aparecía en la sentencia.

"Soy el hijo legal de mis padres, estoy aquí, estoy vivo, háganme la prueba de ADN", se desesperó Jordi Morales, que quedó huérfano a los 7 años

"Soy el hijo legal de mi madre y de mi padre, estoy aquí, estoy vivo, si quieren me hago la prueba del ADN", se desesperó Morales. Tuvo que contratar a un abogado, que se llevó el 10% de lo que finalmente le correspondió. "El politicastro de turno no tuvo cojones de decir: ‘20 años atrás nos equivocamos al escribir aquel puñetero papel, tú eres la víctima’ –lamenta a los 37 años–. ¿Qué les costaba arreglarlo y ahorrarme cuatro años de problemas jurídicos?".

SEÑALAR AL ESTADO

Pero rebobinemos. Volvamos al 9 de octubre de 1989, día del juicio penal del 'caso Hipercor'. El abogado Juli de Miquel, defensor de las víctimas, cuenta que "la autoría no ofrecía dudas" y que el imperativo era primero, "acreditar que, contrariamente a lo que se había dicho, no era ningún problema desalojar el edificio", y segundo, que ante los tres avisos de ETA, "la policía debía haber prohibido el acceso y procedido al desalojo". Esa operación, según el jefe de Bomberos, no habría llevado más de "10 minutos", y confirma que los TEDAX no hicieron "ninguna comprobación".

Con las pruebas, De Miquel y Montaner presentaron "la primera reclamación contra el Estado por incumplimiento de su deber de velar por la seguridad ciudadana". El requerimiento hizo un largo viaje hasta el Supremo –todos se pasaban la patata caliente– hasta que el 5 de abril de 1994 les dieron la razón. La sentencia admitía que las fuerzas de seguridad no adoptaron las medidas necesarias para evitar la masacre. "Solo entonces las víctimas pudieron cobrar indemnización". ¡Seis años después!

Álvaro Cabrerizo perdió a su esposa y a sus dos hijas, pidió un psicólogo a la Seguridad Social y le dieron cita para 11 meses después

En aquel juicio solo hubo tres víctimas presentes: José Vargas –actual presidente de la Associació Catalana de Victimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT)– en calidad de testigo, el propio Manrique y Álvaro Cabrerizo, que perdió en el atentado a su mujer, María del Carmen Mármol, y a sus dos hijas, Sonia y Susana, de 15 y 13 años, y que tras el entierro pidió cita con un psicólogo de la Seguridad Social y le dieron hora para 11 meses después.

Así ha funcionado el «aquí-estamos-para-lo-que-necesitéis».

UNA MEDALLA INMERECIDA

"Si España es hoy el país que tiene la mayor protección legal de las víctimas del terrorismo no es gracias al Gobierno", declara Corredor, el antiguo gerente de la AVT de Madrid. Y destapa las vergüenzas del Estado: "Unos meses antes de aprobar la Ley de Solidaridad, la 32/99, el Gobierno dijo que no había dinero para crearla". Manrique, de natural impetuoso, va más allá: "Esa ley se logró gracias a la tregua de ETA".

"España es el país que ofrece mayor protección legal a las víctimas y no es gracias al Estado", asegura Juan Antonio Corredor, exgerente de la AVT

¿A qué se refiere? A que en 1998, ETA presentó una tregua y pescó a José María Aznar en Lima, donde estrechaba lazos con Alberto Fujimori (hoy en la cárcel por corrupción, secuestro y crímenes de lesa humanidad). Desde el país andino, el presidente declaró: "Sabremos ser generosos con los que abandonen la violencia". Y las víctimas de ETA quisieron saber de qué "generosidad" estaba hablando. Como nadie despejó su incógnita, se reunieron en Madrid para elaborar a toda castaña la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, basada en el fondo de garantía salarial. Luego el Congreso en pleno la aprobó y el ministro Jaime Mayor Oreja se colgó la medalla. "Ni un solo empleado del Ministerio de Interior estuvo presente en la cocina de esa ley", coinciden Corredor y Manrique.

Con la norma lista, tampoco el Estado se encargó de revisar los expedientes de cada víctima de Hipercor, sentencia por sentencia, sumar a la indemnización inicial –23 millones de pesetas (140.000 euros)– el IPC desde el juicio del 89 hasta diciembre del 99 y tramitar cada caso. La AVT de Catalunya gestionó indemnizaciones por un valor total de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros).

Pero hay más. Desde el momento en que Manrique amplió el foco a víctimas de otros atentados, vio cosas que no creeríamos. En marzo del 2014, por ejemplo, encaminó sus pasos a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, con el listado de nombres, fechas y sentencia; y la conversación con el funcionario –llamémosle F– fue algo similar a lo que sigue:

  F.– Vaya curro, tío, ¿y qué hacemos con esto?
  R.M.– Traigo la lista para que busquéis a esta gente.
   F.– Mira, hagamos una cosa, si alguien quiere algo que venga a vernos.
  Cuando ya había girado sobre sus talones, el funcionario le dijo:
  F.– Pide una subvención.
  R.M.–¿Como persona individual?
  F.– A través de alguna asociación.

De vuelta, andando por la calle de Veciana, Manrique se tropezó con Anna Balletbò, le comentó la escena digna del landismo y la exdiputada del PSC le recordó que era presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme [primer ministro sueco asesinado en 1986]. "¿Quién mejor que nosotros para pedir esa subvención y empezar a localizar a víctimas?", se ofreció ella. Bastaría con 30.000 euros.

La respuesta llegó en julio del 2014: "Entidad inadmitida por no cubrir los requisitos. Entre sus fines no se encuentra la atención a las víctimas del terrorismo". La firmaba el entonces ministro Jorge Fernández Díaz, el mismo que un año después decía: "Ante la mirada de las víctimas nunca podremos bajar la vista. Nuestro deber es honrarlas y estar a la altura de la máxima dignidad que representan".

TAMBIÉN SON LOS OTROS

"ETA ya no mata, has cobrado, ¿qué más quieres?", les suelen decir a las víctimas cuando expresan su malestar

Pero el vacío no solo es cosa de las instituciones. También es una disfunción social. Una damnificada le dijo a la psicóloga Bosch un día: "Mira, yo no esperaba nada de los etarras –hicieron mal su trabajo porque querían dejarme hecha una croqueta y sigo aquí, mal–, pero de quien esperaba algo era del Estado, de la sociedad, de la familia".

En 30 años las víctimas de Hipercor no han podido borrar de su cabeza la frase "algo habrá hecho" en boca de propios y ajenos. Tampoco que familiares no quisieran montar en su coche o tomar una cerveza en la misma mesa del bar. "El tiempo lo cura todo" que los bienintencionados les ofrecieron a modo de consuelo les sonaba a incomprensión.

Es la herida del rechazo que no cesa, del "ETA ya no mata, has cobrado, ¿qué más quieres?", del "demuestra que tu depresión viene de aquello", del "no queda suficientemente acreditada la secuela" que les llega por carta. Todo eso no encaja con la palabra "solidaridad". Se sienten un cuerpo extraño.

"PON UNA VÍCTIMA EN UN MÍTIN"

Tras la mayoría absoluta de Aznar, las víctimas de terrorismo saltaron de las páginas de sociedad a las de política. A algunos les dieron cargos. A otros los pusieron en la foto del mitin. Corredor dejó la AVT de Madrid porque, dice hoy, "cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana". Y algo parecido le ocurrió en el 2007 a Manrique, que cinco años después, libre de representación, fue a ver a Rafael Caride a la cárcel de Zaballa –Domingo Troitiño y Josefa Ernaga están en libertad desde el 2013 y el 2014, respectivamente, y a Caride le queda un año– a petición del etarra. El convicto le reconoció que había destrozado la vida de mucha gente, y así se lo comunicó a todos.

Domingo Troitiño salió de prisión en el 2013, Josefa Ernaga, en el 2014 y a Caride le queda un año entre rejas

ETA ha depuesto las armas. Arnaldo Otegi le dijo a Jordi Évole en un reciente 'Salvados' que "la intención no era matar". Las palabras no devuelven a los muertos, ni los empleos que perdieron los heridos. Los de Hipercor lo saben. Lo único que no pueden soportar es que en este aniversario de cifra redonda –y en los venideros– los políticos digan que la prioridad son las víctimas, que el ejemplo de las familias es inspirador, que los muertos siempre serán recordados. Eso no.

La palabra que les gustaría oír de ellos es 'perdón'.

La Rojita superó a Italia gracias a los tres goles de Saúl Ñíguez, MVP del partido