De la urna al juzgado

La sombra del fraude en el Ejecutivo autonómico fue la gran e insoportable herencia recibida por Susana Díaz cuando sustituyó a José Antonio Griñán al frente de la Junta de Andalucía en septiembre de 2013. Al margen de las -para algunos, interesadas- coincidencias de los autos judiciales con las campañas electorales desde hace cuatro años, las investigaciones que se llevan a cabo desde distintos juzgados andaluces suponen en la práctica una enmienda a las políticas laborales desarrolladas por los socialistas en la región con la mayor tasa de desempleo de España (y una de las más altas de Europa).

Desde el inicio de la investigación, allá por el 2011, la jueza Mercedes Alaya, que instruye el hasta ahora mayor escándalo de corrupción -a expensas de ver qué ocurre con los cursos de formación-, insistía en la existencia de una suerte de plan preconcebido en las más altas esferas del Gobierno regional para delinquir y dar ayudas sin ton ni son («donaciones», dicen los peritos de la Intervención) a amiguetes socialistas al margen de cualquier control. Y en el 2013, Griñán decidió dar un paso atrás para evitar que estas sospechas contaminaran hasta límites irrespirables el debate político en un momento en el que los socialistas ya no eran además la lista más votada en la comunidad.

Con él, citado ya por el Tribunal Supremo como imputado junto a su antecesor, Manuel Chaves, para dar cuenta de su responsabilidad en el caso, se fueron consejeros que también le acompañaron en su paso por la consejería de Hacienda y acabaron marcados. Su marcha alimentó el mensaje de Díaz de un gobierno sin mácula y una lucha implacable contra la corrupción, pero los últimos autos de la jueza extienden las investigaciones hasta el 2012, cuando Díaz era consejera. Y la investigación sobre las irregularidades en los cursos de formación alcanza ya al 2013, aunque la presidenta andaluza se vanagloria de que fue con su llegada cuando se empezaron a revisar de oficio y una por una estas ayudas.

Los dirigentes de IU, socio hasta hace poco del PSOE, reprocharon en numerosas ocasiones que «el pago de la paz social fue un cáncer». Se referían a las políticas de empleo puestas en marcha a mediados de los 90 para rescatar a empresas en dificultades por la crisis económica y evitar que trabajadores con difícil reinserción engrosaran las abultadas listas del paro. Eran años muy conflictivos, con auténticas batallas campales ante las factorías. En la memoria queda el puente de acceso a Cádiz cortado con barricadas de fuego y neumáticos por los trabajadores de los astilleros y una ciudad incomunicada. Una situación que encima el PSOE afrontaba en minoría ante la pinza de PP e IU que obligó a un adelanto electoral.

150 millones

La tentación era grande: reducir los conflictos y al mismo tiempo mantener o ampliar el apoyo electoral. Y para ello había que tirar de bolsillo. El Ejecutivo regional sufragó regulaciones de empleo en las que más tarde se descubrió que se colaron intrusos; se dieron ayudas directas a empresas sin que estas las pidieran, con serias dudas sobre las competencias en la materia, e incluso las mediadoras y sindicatos que participaban en la tramitación se llevaban una parte jugosa del pastel. La jueza opina que todas las ayudas dadas, de las que se beneficiaron más de 6.000 trabajadores, están viciadas, pero la investigación solo ha podido acreditar hasta ahora fraude en unos 150 millones de euros.

Por esa época llegaron los grandes acuerdos de concertación con empresarios y sindicatos, que también recibieron grandes cantidades de dinero para la formación. Los juzgados ya investigan el destino dado a esos fondos en UGT, que supuestamente encontró un maná caído del cielo para mantener la actividad cotidiana del sindicato. Comilonas en la Feria, regalos de importación falsificados, hasta pancartas de manifestaciones se pagaron con cargos a la formación para el empleo.

Las últimas operaciones policiales hablan de que empresarios sin escrúpulos también quisieron subirse al carro de la burbuja de los cursos de formación. Empresas creadas ex profeso para recibir los fondos y liquidadas inmediatamente tras cobrar, cursos que no se daban, listas de alumnos engordadas de forma artificial, profesores que debían devolver parte de su sueldo al empleador… La Policía ha implicado ya a unas 250 personas en un caso que podría alcanzar cifras astronómicas, aunque la Junta de Andalucía lo cuestiona y asegura que de momento solo se ha pedido la devolución de 20,8 millones de euros.

Tampoco en el resto de partidos se libran. El PP tiene varios concejales implicados en el caso de los cursos de formación, y un regidor en Alhaurín el Grande (Málaga) que ha cumplido condena junto a su edil de Urbanismo por cohecho y amenaza con repetir candidatura con su propio partido. El Supremo debate estos días si debe imputar a uno de los aspirantes a dirigir el partido tras la marcha de Javier Arenas, José Luis Sanz, por contratar informes de una línea en su época de concejal. Y una oscura moción de censura en Bormujos (Sevilla) con un bolso de lujo como regalo ha costado la carrera política a la alcaldesa Ana Hermoso.