Urdangarin asegura que carece de bienes para pagar a Hacienda

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, asegura en su nuevo recurso interpuesto contra las condiciones del juez José Castro para poder vender su vivienda de Pedralbes (Barcelona) que no tiene bienes con los que saldar su deuda con Hacienda. En este escrito de apelación presentado ante la Audiencia de Baleares, el marido de la infanta Cristina afirma que quiere abonar «cuanto antes» los 253.705 euros que debe a Hacienda -por el impago del IRPF del 2009-, pero advierte de que solo podría hacer frente al pago con el dinero que obtuviera de la operación inmobiliaria, cuyo precio está estipulado en 6,95 millones de euros.

Urdangarin insiste en que si se le permitiera pagar a Hacienda con el dinero de la venta, podría igualmente depositar la suma de 2,1 millones de euros, en vez de los 2,3 millones que debería abonar por la mitad del inmueble embargada al duque como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa. «No se estaría haciendo discriminación positiva e injustificada alguna», incide el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, quien recalca que su defendido y la infanta «serían los primeros acusados que contribuyesen a reparar del supuesto daño causado».

Por otra parte, el juez Castro ha citado para el 11 de marzo al extesorero del PP Luis Bárcenas para que declare como testigo en relación a la pieza del caso Palma Arena sobre la presunta financiación ilegal del partido en Baleares. Castro interrogará el mismo día al constructor imputado Antonio Pinal, a quien varios testimonios, entre otros el propio Bárcenas, señalan como uno de los empresarios que financiaron parte de la operación de compra y reforma de la sede del PP balear.

LOS CONTRATOS / El magistrado pide al Gobierno balear que le facilite los contratos suscritos del 2003 al 2007 con las empresas Brues y Fernández o Bruesa, ligadas a Pinal, para establecer si hubo o no compensaciones en contratos públicos por su generosidad con el PP. Las citaciones llegan una vez «valorada», según Castro, la declaración del exedil de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, que aseguró que el PP balear exigía, con el conocimiento de la dirección nacional, un 3% de comisión a los adjudicatarios de obra pública por el Ejecutivo de Jaume Matas.