El TSJC suspende el ultimátum a la Generalitat para que aplique la sentencia de la inmersión lingüística

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspendido el ultimátum de dos meses dado a la Generalitat para adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para adaptar su sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehícular, junto con el catalán, en las escuelas, tal y como sentenció en diciembre del 2010 el Tribunal Supremo.

El alto tribunal catalán ha tomado esta decisión ante el recurso presentado por la Generalitat contra el auto de ejecución de la resolución del Supremo que estimó la petición de tres padres para que sus hijos pudieran estudiar en catellano. El 2 de septiembre pasado, el TSJC notificó un auto en el que acordaba que se debía dar un plazo a la Generalitat para que adaptara las medidas exigidas por el Supremo, al considerar que las explicaciones hasta entonces ofrecidas por la Administración autonómica eran insuficiente. Ahora suspende el ultimátum hasta que no se resuelva el recurso de la Generalitat.

Esta resolución provocó una polvareda política que marcó la Diada del 11 de septiembre. Según el auto del TSJC, el Govern, transcurrido los dos meses, debía informar de las medidas adoptadas. El Govern, desafiante, anunció que no tiene intención de llevar a cabo cambio alguno y ha presentado un recurso que es el que, ahora, ha dejado en suspenso el plazo.

Garantías

El TSJC, que es órgano ejecutor de la sentencia del Supremo, requirió el pasado 22 de junio a Ensenyament que informara, en el plazo de 10 días, de las medidas concretas adoptadas. Días después, la Generalitat remitió un escrito en el que, tras realizar diversas consideraciones y aportar datos estadísticos acerca de la inmersión lingüística y el uso del catalán y el castellano en Catalunya, concluía que, para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales al finalizar la enseñanza obligatoria (a los 16 años), es necesario continuar con el actual sistema.

Según la respuesta de Ensenyament, el estado de "normalización lingüística de la sociedad catalana" no permite cambiar el modelo educativo actual "si se quieren garantizar los mismos resultados que en la actualidad". El tribunal catalán es consciente, según detallaba en su auto, de la "complejidad" que para la Generalitat puede suponer el "estricto cumplimiento" de lo dispuesto por el Supremo, "en cuanto afecta a un ámbito especialmente sensible de la sociedad catalana, como es el modelo educativo". Pese a reconocer estas dificultades, el TSJC otorgaba un plazo de solo dos meses para acometer los cambios.

El recurso

El recurso que presentó la semana pasada la Generalitat para dar cumplimiento a las exigencias del TSCJ de Catalunya (TSJC) sobre la introducción del castellano como lengua vehicular en la escuela sostiene que, en los últimos meses, ya se han adoptado distintas decisiones para reforzar la presencia de la lengua castellana y garantizar que su utilización en el sistema educativo no sea "ilusoria, ni un artificio", como le exigía la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 9 diciembre del 2010 que ha provocado la interlocutoria del TSJC. El alto tribunal catalán concedió ayer cinco días a los padres que elevaron la denuncia al TS para que puedan hacer sus alegaciones al escrito de la Generalitat antes de decidir si acepta el recurso.

El escrito del abogado de la Generalitat, al que ha tenido acceso este diario, argumenta que el régimen lingüístico vigente es plenamente respetuoso con la ley de educación de Catalunya (LEC), "que no ha sido declarada inconstitucional" ni cuestionada, en los artículos relativos a a la lengua, por el PP, que sí ha presentad un recurso de inconstitucional contra otros apartados de la norma.