El TSJC considera que Puigdemont ha actuado de forma arbitraria en la convocatoria del 1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su Govern "habrían utilizado arbitrariamente las potestades" que tienen como miembros del Ejecutivo para impulsar la convocatoria del referéndum unilateral del 1-O y, por lo tanto, podrían haber cometido un delito de prevaricación. Así lo expone el auto del alto tribunal que admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya contra el mandatario catalán y su equipo por los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos, delito este último que comporta penas de prisión. 

Los magistrados detallan en la resolución que la aprobación de la ley del referéndum y su posterior convocatoria "podrían ser constitutivos" de estos delitos. El TSJC ha decidido acumular esta querella a otra que se está instruyendo contra la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, por la licitación de las urnas.

La jueza que instruye este proceso debe ahora decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía en la querella, entre ellas que se ordene a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional impedir cualquier acto preparatorio del 1-O y la imposición de una fianza contra los miembros del Ejecutivo catalán para que respondan ante eventuales responsabilidades pecunarias. Otra de las peticiones es bloquear la página web sobre la consulta.

Apariencia legal

El auto del TSJC recoge el argumento de la fiscalía de que con la ley del referéndum aprobada la semana pasada por el Parlament con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP se pretendía dar una “apariencia de cobertura legal y de normalidad” a la celebración al “referéndum secesionista” que “notoriamente se sabe” va en contra del “ordenamiento jurídico”, a la vez que vulnera “frontal, abierta y groseramente” los mandatos del Tribunal Constitucional.

Todo ello, al entender del alto tribunal catalán, evidencia de nuevo la “pertinaz, inequívoca e irresistible” voluntad del Ejecutivo de Puigdemont y de los grupos parlamentarios independentistas de llevar adelante su proyecto político “de los hechos consumados”, con total “desprecio” a la Constitución de 1978. Los miembros del Ejecuto, añade la resolución, sabía perfectamente la “manifiesta inconstitucionalidad” de los actos realizados.

“Los hechos narrados” en la querella, detallas el TSJC, “a los efectos de “juicio de verisimilitud” podrían ser constitutivos de delito. El de desobediencia grave porque se contradicen los mandatos del Tribunal Constitucional; el de prevaricación por las firmas de los decretos sobre la ley del referéndum y la convocatoria de la consulta; y el de malversación porque se han impugnado por parte del Gobierno central las partidas presupuestarias para financiar el 1-O. Este auto ha sido notificado este martes a Pugdemont y al 'conseller' de Presidència, Jordi Turull. A la resta de 'consellers' no se les ha podido notificar. La resolución puede ser recurrida.

Descartada la malversación para la Mesa

Por otra parte, en la admisión de la querella contra los miembros de la Mesa, entre ellos su presidenta, Carme Forcadell, el TSJC ha descartado de momento el delito de malversación de fondos. La fiscalía se querelló contra los cinco miembros de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot que votaron a favor de la tramitación de la ley del referéndum por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Por ahora, solo se investigará la desobediencia y la prevaricación. Forcadell ha criticado este martes la "escalada judicializadora" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.