El TSJC avala investigar a Oriol Pujol por cohecho en la causa de las ITV

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado la decisión del magistrado instructor del caso ITV de investigar al diputado de CiU Oriol Pujol por cohecho dentro de la causa abierta por tráfico de influencias, al apreciar indicios de una "continuidad delictiva".

En un auto notificado este lunes a las partes, la sala civil y penal del TSJC desestima así el recurso de queja planteado por la fiscalía después de que el magistrado del TSJC que instruye el caso, Enric Anglada, rechazara en enero pasado su pretensión de abrir una pieza separada del caso ITV para investigar por cohecho a Oriol Pujol, a su esposa Anna Vidal y a los empresarios Sergi Alsina y Ricard Puignou.

Esta nueva línea de investigación por cohecho que la fiscalía pretendía desgajar del caso ITV se basa en informes de la Agencia Tributaria que apuntan a que Oriol Pujol cobró supuestamente de la trama corrupta en el año 2008, con el tripartito en el poder, a cambio de defender sus intereses en la tramitación de la ley de seguridad industrial.

Actividad delictiva continuada

La sala civil y penal del TSJC ha dado ahora la razón al magistrado instructor, que en enero pasado desestimó el recurso de la fiscalía para separar la investigación por tráfico de influencias de la de cohecho alegando que podría tratarse de una "actividad delictiva continuada" y que ambos delitos son competencia del tribunal del jurado.

"Existe una aparente continuidad delictiva que resulta decisiva para que se investiguen en un proceso único los dos delitos (cohecho y tráfico de influencias), por razones de eficacia y de economía procesal", remarca el auto de la sala civil y penal del TSJC.

Para la sala, la existencia de esta "continuidad delictiva" abarca un periodo temporal determinado, en el que se desprende la existencia de un "plan preconcebido" para la "comisión conjunta" de los hechos por parte de los imputados, primero durante la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial y, posteriormente, su desarrollo reglamentario para lograr la adjudicación de estaciones de ITV.

Cohecho y tráfico de influencias

Según la sala civil y penal del TSJC, mantener la unidad de la causa no comportará la apertura de un macroproceso, que sí que podría hacer "inmanejable" el proceso. El juez instructor -que es un magistrado del TSJC debido a la condición de aforado de Oriol Pujol-, rechazó la petición de la fiscalía y su posterior recurso para separar la causa al entender que si disgregaba la acusación por cohecho de la de tráfico de influencias se podrían dar pronunciamientos distintos sobre los mismos hechos, con el riesgo de que hubiera decisiones contradictorias.

Por el contrario, el Ministerio Fiscal había sostenido, en su petición y posterior recurso al magistrado y en su nuevo recurso de queja ante la sala civil y penal del TSJC, que dividir la causa supondría dar una mayor celeridad al proceso. Tras el auto de la sala civil y penal del TSJC que le da la razón, el magistrado instructor Enric Anglada tendrá que convocar ahora una comparecencia para formalizar la acumulación en una sola causa y concretar las imputaciones.

Correos electrónicos

La nueva imputación por cohecho planteada por la fiscalía se desprende de los últimos informes elaborados por la Agencia Tributaria sobre la trama de las ITV, que contienen un análisis de los correos electrónicos que se intercambiaron los empresarios y políticos imputados en el caso. Este informe alude a un correo electrónico en el que Alsina habría propuesto a Puignou el pago de 30.000 euros para influir presuntamente en Oriol Pujol y CiU de forma que presentaran enmiendas, a favor de sus intereses, al proyecto de ley de seguridad industrial que planteaba el tripartito.

En uno de los correos analizados, uno de los empresarios involucrados en la trama se refirió a una reunión entre Puignou y Oriol Pujol con la expresión: "Harán campaña mediática y, aunque no mandan, piden 30.000 euros", de lo que la Agencia Tributaria infiere que la cantidad mencionada correspondería a honorarios por las gestiones realizadas para influir en la tramitación de la ley de seguridad industrial.