El TSJC avala la aplicación del 25% de castellano en cinco escuelas

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado los recursos presentados por cinco escuelas barcelonesas, la Generalitat y las asociaciones de padres de estos centros y ha ratificado la decisión tomada el pasado enero donde se requería a los directores de los centros a aplicar la lengua castellana en un 25% de las horas lectivas.

La consellera de Ensenyament, Irene Rigau, ha anunciado que recurrirán la medida ante el Tribunal Supremo (TS) para que se respete la voluntad de la mayoría de los estudiantes de las clases afectados de seguir estudiando en catalán. "No es lógico que un modelo que durante más de 20 años fue plenamente constitucional, ahora no lo sea. Ha habido una mutación difícil de explicar", ha dicho Rigau en una comparecencia de prensa en la que ha valorado la interlocutoria. Los centros afectados, que el próximo miércoles se reunirán con la consellera, han declinado pronunciarse hasta haber estudiado a fondo el contenido del auto.

El tribunal no ha admitido tampoco el recurso presentado por los padres de los alumnos que presentaron la demanda y ha rechazado su pretensión de que se usaran el castellano y el catalán en un 50%.Los magistrados reiteran que el catalán constituye el centro de gravedad del sistema de enseñanza en Catalunya, según dispone la LEC, de manera que es razonable que su presencia en la educación sea mayoritaria.

Por otra parte, los autos del TSJC que rechazan los recursos ponen de relieve que, a raíz de la interpretación que el Tribunal Constitucional y el Supremo han hecho hasta ahora, es necesario que el castellano esté presente como "lengua vehicular" en la educación y lo esté, al menos, en un porcentaje mínimo suficiente. De esta manera, si la Administración no fija ese porcentaje, según el criterio de los magistrados, corresponde a los tribunales hacerlo efectivo.

El tribunal subraya que la presencia vehicular suficiente de las lenguas oficiales es un mandato constitucional, de manera que esta "no es una cuestión disponible" por parte de los centros docentes, o sea, que no son ellos quienes deben decidir. "Intentaremos demostrar la inviabilidad de esta medida, porque el uso de la lengua debe ser una cuestión estrictamente pedagógica", ha señalado Rigau.