El Supremo da vía libre a seguir investigando el 'caso Ellacuría'

El Tribunal Supremo ha dado vía libre al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para que siga investigando a los 20 militares de El Salvador implicados en la muerte del jesuita Ignacio Ellacuría y de otras siete personas, al considerar que el proceso en ese país fue un fraude.

Los hechos ocurrieron en 1989 cuando los religiosos, su empleada doméstica y su hija fueron asesinados por miembros del batallón del ejército salvadoreño en ejecución de un plan concebido por el Estado Mayor del Ejército. Los militares implicados, entre ellos el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, fueron juzgados en su país, pero Velasco considera que este proceso fue "fraudulento", por lo que provocó "un resultado de no justicia".

Por ello, el togado se dirigió al alto tribunal, para preguntarle si podía continuar con esta investigación, ya que la reforma de la justicia universal acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy le obliga a realizar esta consulta.

La ley de justicia universal ha sido acotada en dos ocasiones para frenar la persecución de mandatarios extranjeros y proteger de este modo las relaciones internacionales. Los sucesivos cambios han dejado casi en papel mojado la persecución de crímenes de lesa humanidad al exigir que, para abrir las causas, los autores residan en España o las víctimas sean nacionales.

El Supremo, no obstante, ha utilizado una rendija de la norma al establecer que los familiares de los asesinados no han obtenido justicia, tal y como reconoció un dictamen de la comisión interamericana de derechos humanos con fecha de 1999. Además, el tribunal afirma que, en este caso, "existen indicios serios y razonables" de que el proceso seguido en El Salvador "no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino más bien su sustracción a la justicia".

AMNISTIADOS

Por ello, concluyen que los militares no fueron sometidos a "una investigación diligente y eficaz ni a un proceso imparcial y objetivo". Además, subrayan que los "únicos culpables fueron amnistiados poco después", lo que causó "un perjuicio a los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que pertenecían" los asesinados.

Además, el Supremo señala que otros de los requisitos que exige la ley es que estos procesos sean activados por la fiscalía. Y en este caso esa condición también se cumple porque el fiscal tiene "interés en perseguir este delito".

La querella por los hechos de 1989 la presentó la Asociación Pro Derechos Humanos, que ayer recibió con satisfacción el fallo del Tribunal Supremo.